La confirmación de la venta total del paquete accionario de las hidroeléctricas del Comahue, oficializada en los últimos días mediante el Boletín Oficial de la Nación, generó fuertes reacciones políticas. La diputada neuquina Julieta Ocampo, del Frente de Izquierda, fue una de las voces más críticas y advirtió que la medida “implica una entrega sin precedentes de los recursos energéticos del país”.
“Es un verdadero escándalo”, señaló Ocampo, al sostener que el presidente Javier Milei “viajó a Estados Unidos en busca de financiamiento y puso las represas en el paquete de negociación”. Según la legisladora, el acuerdo “no solo aumenta la dependencia económica, sino que hipoteca la soberanía energética de la Argentina”.
Cuestionamientos a las provincias
El vencimiento de las concesiones de las represas —entre ellas Alicurá, El Chocón, Arroyito y Piedra del Águila— llevó a mediados de año a una negociación entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro. Tras el anuncio, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck celebraron el entendimiento con la Casa Rosada, aunque hoy enfrentan críticas por “guardar silencio ante una decisión entreguista”.
“Son cómplices de este saqueo a los recursos naturales. Hablan de defender a las provincias, pero avalan la entrega de sus bienes estratégicos”, denunció Ocampo. También alertó que la medida podría derivar en “aumentos de tarifas eléctricas que afectarán directamente a los hogares patagónicos”.
Reestatización y control público
Desde el Frente de Izquierda, Ocampo insistió en la reestatización de las represas bajo control social y laboral. “Eso permitiría generar empleo, reducir tarifas y asegurar una gestión transparente”, afirmó.
La diputada recordó que la iniciativa fue presentada en la Legislatura neuquina y rechazada por el resto de los bloques. “Demostraron estar del lado de los negocios y no de la gente”, subrayó.
Además, advirtió sobre los riesgos de entregar el manejo del agua a manos privadas, especialmente en una región donde conviven la generación hidroeléctrica y la actividad petrolera. “La falta de control estatal agrava los problemas de contaminación y pone en peligro un recurso vital”, sostuvo.
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