Junín de los Andes dio marcha atrás con el aumento a la planta política

Junín de los Andes quedó en el centro de la agenda política provincial luego de que el Ejecutivo municipal resolviera anular el aumento salarial destinado a la planta política, una medida que había sido aprobada días atrás por unanimidad en el Concejo Deliberante y que generó un inmediato rechazo social. El intendente Luis Madueño decidió vetar la ordenanza y dejar sin efecto el adicional remunerativo denominado “Función Política”, que implicaba incrementos de hasta el 80% en los ingresos de los principales cargos municipales.

El debate se instaló con fuerza en la comunidad local y rápidamente trascendió el ámbito municipal. La decisión original había alcanzado al propio intendente, concejales, funcionarios del Ejecutivo y autoridades del Deliberante, en un contexto económico marcado por la restricción presupuestaria y el reclamo social por mayor austeridad en la gestión pública. La reacción vecinal fue inmediata y el tema escaló hasta el gobierno provincial, que tomó posición pública frente a la medida.

El punto de inflexión llegó tras las declaraciones del gobernador Rolando Figueroa, quien cuestionó con dureza el aumento y reclamó su reversión. Durante una actividad oficial en la localidad, el mandatario recordó que la Provincia asiste mensualmente a Junín de los Andes con recursos para garantizar el pago de salarios municipales y consideró que, en ese marco, la suba para la planta política resultaba contradictoria con el mensaje de austeridad que intenta sostener su gestión.

El planteo provincial y el mensaje político

Figueroa fue explícito al señalar que el municipio recibe alrededor de 500 millones de pesos mensuales para cubrir compromisos salariales y remarcó que ese acompañamiento financiero obliga a una administración prudente de los recursos. Si bien aclaró que respeta la autonomía municipal, dejó en claro que el aumento no iba en sintonía con la coyuntura actual ni con las prioridades que plantea la Provincia.

El gobernador se mostró “muy molesto” por la situación y apuntó directamente al intendente, que pertenece a su mismo espacio político, Comunidad. En sus declaraciones, cuestionó el momento elegido para avanzar con una recomposición salarial de ese nivel y sostuvo que quienes asumen cargos públicos deben hacerlo con pleno conocimiento de las condiciones económicas y salariales que implica la función.

Mientras el debate crecía, desde el municipio se intentó defender la ordenanza a través de un comunicado oficial que detallaba los porcentajes de incremento y los salarios finales. Según esa información, el sueldo neto del intendente pasaba de 3,8 millones de pesos a 6,2 millones, lo que representaba un aumento cercano al 64%. Sin embargo, el intento de explicación no logró descomprimir el malestar social ni político.

El veto y el cierre de la polémica

Finalmente, y tras el mensaje directo del Ejecutivo provincial, Madueño resolvió vetar la ordenanza y anular el adicional por “Función Política”. La decisión dejó sin vigencia los aumentos y desactivó una de las controversias más fuertes de los últimos días en Junín de los Andes. Con el veto, el municipio buscó cerrar un frente de conflicto que amenazaba con erosionar la relación con la Provincia y profundizar el desgaste ante la opinión pública local.

El episodio dejó varias lecturas políticas. Por un lado, expuso la sensibilidad social frente a los salarios de la dirigencia en un contexto económico complejo. Por otro, puso en evidencia el peso del respaldo financiero provincial y su influencia en las decisiones municipales, aun dentro del marco de la autonomía local. También reavivó el debate sobre la oportunidad y el alcance de las recomposiciones salariales en la función pública.