Se oficializaron este jueves dos resoluciones clave del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense que traen alivio financiero para las distribuidoras de energía en la provincia.
En juego había fondos millonarios para Edenor y Edesur, y un beneficio indirecto para las que operan en el interior: Edelap, Edea, Eden y Edes.
$25 mil millones para Edenor y Edesur
La Resolución 918/25, firmada el 11 de septiembre, aprueba un convenio con Edenor para transferirle $17,69 mil millones. A su vez, la Provincia se compromete a hacer lo mismo con Edesur por $7 mil millones. Los pagos se realizarán en tres cuotas trimestrales iguales a partir de diciembre de 2025.
El origen del acuerdo es particular: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) demoró la notificación del nuevo régimen de tarifa social implementado por la Provincia y las distribuidoras facturaron entre junio y julio de 2024 con el esquema de subsidios viejo.
La diferencia podía haberse trasladado a los usuarios en situación de vulnerabilidad, pero el gobierno de Axel Kicillof decidió absorber el costo “en forma excepcional”. En total, serán casi $25 mil millones los que cubrirá la administración provincial.
Las distribuidoras bonaerenses, sin sanciones
La segunda medida es la Resolución 921/25, que beneficia a las distribuidoras bajo jurisdicción provincial (Edelap, Edea, Eden y Edes). En este caso no hay transferencia de fondos, pero sí un alivio regulatorio: se suspende el cobro de sanciones aplicadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) y se difiere la acreditación a los usuarios de las penalizaciones por deficiencias en el servicio desde junio de 2017.
El diferimiento se extenderá hasta seis meses después de que se aplique el nuevo cuadro tarifario que surja de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Como contrapartida, las empresas desistirán de las acciones judiciales y arbitrales contra la Provincia.
Un doble salvavidas para el sector
Con estas medidas, el gobierno bonaerense busca dar oxígeno financiero a las distribuidoras en un contexto de alta conflictividad y crisis energética. Por un lado, se evita trasladar costos a los usuarios más vulnerables; por el otro, se asegura cierta previsibilidad a las compañías para que puedan sostener el servicio.
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