La ciudad de Neuquén comenzará a incinerar droga incautada por la justicia provincial en los hornos pirolíticos ubicados en el Cementerio Central. La medida surge a partir de un convenio de colaboración firmado entre la Municipalidad, el Ministerio de Seguridad de la provincia y el Ministerio Público Fiscal.
El acuerdo establece que durante los próximos dos años el municipio pondrá a disposición su infraestructura para facilitar la quema controlada de sustancias ilegales decomisadas en distintos procedimientos judiciales. El objetivo es acelerar el proceso de destrucción de estupefacientes para evitar su acumulación en depósitos y reforzar la seguridad en el manejo de este tipo de material.
La firma del convenio se realizó en la sede central del municipio y contó con la presencia del intendente Mariano Gaido, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el fiscal general, José Gerez. Según se informó, el acuerdo podrá ser renovado al finalizar el plazo inicial y se enmarca en una serie de acciones conjuntas entre diferentes organismos del Estado.
Con este paso, el Ministerio Público Fiscal tendrá una herramienta local para realizar la destrucción de droga secuestrada, que hasta ahora dependía de recursos y procesos más complejos. La disponibilidad de hornos pirolíticos municipales permite cumplir con los requisitos técnicos y ambientales para este tipo de procedimiento.
Además, las autoridades anunciaron que se está trabajando en un nuevo convenio que buscará facilitar y promover la denuncia ciudadana como parte del abordaje institucional frente al narcotráfico.
Inicio de operativos y continuidad del trabajo conjunto
Tras la firma del convenio, los funcionarios anticiparon que ya se está coordinando la primera jornada de incineración, en la que se destruirá droga incautada en procedimientos realizados en la provincia. La quema se realizará en instalaciones municipales bajo supervisión judicial y de seguridad, respetando los protocolos establecidos para este tipo de operativos.
La implementación de este mecanismo representa una alternativa local que, según señalaron los firmantes, busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia en los procesos judiciales y garantizar condiciones adecuadas para el tratamiento de este tipo de sustancias.
Aunque el convenio tiene vigencia de dos años, las partes coincidieron en la intención de sostener la colaboración en el tiempo a través de futuros acuerdos. Por el momento, la ciudad de Neuquén se convierte en uno de los primeros municipios del país en ofrecer una infraestructura de este tipo al servicio del sistema judicial para la destrucción de drogas ilegales.
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