El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar de forma parcial a una medida cautelar y le ordenó al gobierno de Javier Milei que se abstenga de ejecutar cualquier acto tendiente a disolver la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión, tomada por la jueza Martina Isabel Forns, obliga al Poder Ejecutivo a suspender la aplicación del Decreto 461/2025, con el que la gestión libertaria busca cerrar el histórico organismo estatal. La cautelar fue dictada por un plazo de seis meses.
La resolución judicial se conoció tras un amparo colectivo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central – Provincia de Buenos Aires (SEVINA). El pedido exigía que se frene cualquier tipo de traslado, reubicación o despido de personal vinculado al decreto, además de impedir la supresión de estructuras dentro de la Dirección Nacional de Vialidad.
La respuesta de Casa Rosada
El gobierno de Milei no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de Twitter, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que apelarán la decisión judicial con el objetivo de continuar con el plan de disolución. “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”, publicó.
Qué hay detrás del intento de disolver Vialidad
La Dirección Nacional de Vialidad es responsable del mantenimiento y administración de 39.937 km de rutas nacionales, de los cuales el 92% está pavimentado. Sin embargo, según el ingeniero Claudio Velazco, el 41% de esas rutas ya estaba en mal estado a comienzos de 2024. Desde la llegada de Javier Milei al poder, el gobierno no volvió a realizar inversiones en infraestructura vial.
El Decreto 28/2025, que acompaña al decreto de disolución, establece la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales a empresas privadas en tres etapas, a través del cobro de peajes. Según Velazco, se necesitarían casi 14.000 millones de dólares para el mantenimiento adecuado de toda la red nacional.
Especialistas advierten que este modelo de concesión deja fuera a los caminos con bajo tránsito diario, que no resultan rentables para el sector privado y quedarían abandonados. Esto no solo deteriora aún más la red, sino que encarece los costos logísticos y el transporte de productos básicos. También se pone en riesgo el principio constitucional de libre tránsito: habrá rutas nacionales que solo podrán ser utilizadas por quienes puedan pagar peajes.
Un traspaso inviable y sin respaldo fiscal
La propuesta del gobierno incluye además transferir parte de la red vial nacional a las provincias, algo que los expertos consideran inviable. Las provincias administran actualmente 640.000 km de rutas, muchas de ellas en mal estado, y no cuentan con recursos para asumir nuevas responsabilidades.
La eliminación de Vialidad Nacional implicaría, en los hechos, desarticular el control estatal sobre el estado de las rutas, la seguridad vial y la planificación estratégica del sistema de transporte del país.
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