El Tribunal de Revisión resolvió revocar parcialmente la inhibición general de bienes que pesaba sobre la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, en el marco de la causa en la que está imputada por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
La decisión se conoció tras una audiencia realizada el 17 de octubre, en la que la defensa de Ruiz argumentó que la medida dispuesta por el juez de garantías Lucas Yancarelli había sido adoptada de forma arbitraria y sin un sustento contable suficiente.
El tribunal —integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y la jueza Carolina García— coincidió en parte con los planteos de la defensa y determinó que el juez “no expuso razones concretas que justifiquen la extensión de la medida cautelar” ni explicó por qué fijó un monto sin una pericia contable que lo respalde.
Según la resolución, “este tipo de medidas no puede ser tomada de manera amplia: si existen bienes determinados, debe procederse aplicando embargos específicos por un monto concreto”.
Los fundamentos de la decisión
Los magistrados remarcaron que la inhibición sólo puede aplicarse sobre bienes registrables y que, en este caso, la disposición afectaba de manera genérica todo el patrimonio de Ruiz, incluso cuentas jubilatorias que son inembargables por ley.
También advirtieron que el juez Yancarelli había determinado un monto precautorio sin evaluar la situación patrimonial individual de los imputados ni los gastos reales de la exfuncionaria.
De esta manera, por decisión unánime, el Tribunal de Revisión dispuso revocar parcialmente la medida cautelar de inhibición general de bienes dictada por el juez de garantías, aunque mantuvo en pie otras disposiciones vinculadas al proceso judicial.
La causa: enriquecimiento ilícito y fraude
El expediente se inició luego de que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos formulara cargos contra Gloria Ruiz, su hermano Pablo Ruiz —excoordinador de la Casa de las Leyes—, la exsecretaria de Cámara Isabel Richini y la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez.
Todos están acusados por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta durante su paso por la Legislatura provincial.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Juan Narváez detalló que Ruiz habría incrementado su patrimonio de forma injustificada tras asumir la vicegobernación.
Entre los elementos señalados, mencionó la compra de una camioneta Toyota SW4 valuada en $76.837.220 en junio de 2024, cuando los ingresos declarados por su cargo oscilaban entre 2 y 5 millones de pesos mensuales.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió explicaciones sobre el origen de los fondos, pero —según indicó el fiscal— las respuestas presentadas “no fueron suficientes”.
Narváez consideró que el aumento patrimonial “no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, motivo por el cual se la imputó formalmente por enriquecimiento ilícito, en calidad de autora.
El juez de garantías rechazó la solicitud para declarar el caso como complejo, por lo que el plazo de investigación será de cuatro meses.
Un fallo que reordena la estrategia judicial
La resolución del Tribunal de Revisión representa un primer alivio judicial para la defensa de Gloria Ruiz, aunque el proceso penal continúa en curso.
El fallo marca un límite a las medidas patrimoniales amplias y exige una mayor precisión en los embargos, en un caso que seguirá bajo observación pública por la relevancia institucional de la exfuncionaria y las acusaciones en su contra.
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