La Legislatura aprobó descuentos por ausencias pero nunca los aplicó

La Legislatura de Neuquén cerró el período legislativo 2025 con una particularidad que pasó casi inadvertida fuera del recinto: pese a contar con una resolución vigente que establece descuentos salariales por inasistencias, ningún diputado ni diputada sufrió quitas en su dieta, aun cuando se registraron ausencias reiteradas durante el año.

La norma fue aprobada formalmente en julio, en un contexto de fuerte debate público sobre el presentismo en el Estado, pero nunca llegó a aplicarse. Desde su sanción y hasta el final del período de sesiones, todos los legisladores que faltaron a sesiones o reuniones de comisión cobraron sus haberes completos, sin excepciones ni penalizaciones económicas.

El núcleo del debate no estuvo en el contenido de la resolución, sino en su ejecución. Por razones administrativas y políticas, la medida quedó atrapada en una discusión interna que, en los hechos, dejó sin efecto una herramienta pensada para reforzar la asistencia y la responsabilidad institucional dentro de la Cámara.

Una resolución aprobada que quedó en pausa

Según explicaron fuentes legislativas, el principal escollo para aplicar los descuentos fue la falta de consenso sobre si la resolución necesitaba o no una reglamentación adicional. Mientras algunos sectores sostienen que, al tratarse de una norma interna, podía entrar en vigencia de manera automática tras su aprobación, otros argumentaron que sin una reglamentación específica no era posible instrumentar las quitas salariales.

Esa diferencia de criterios dejó a la resolución en una suerte de limbo administrativo. Aunque fue sancionada y publicada, nunca se tradujo en acciones concretas sobre las liquidaciones salariales de los legisladores. En los pasillos de la Cámara circula la versión de que recién podría comenzar a aplicarse a partir del inicio del período ordinario 2026, en marzo, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Qué establece la norma sobre los descuentos

La resolución, aprobada el 11 de julio, fija criterios claros para el cómputo de inasistencias. Establece que las faltas deben calcularse de acuerdo con el calendario oficial de sesiones y reuniones de comisión definido en las sesiones preparatorias de cada año legislativo.

En cuanto a las sanciones económicas, la norma determina un descuento del 10% de la dieta por cada inasistencia a sesiones y del 5% por la falta a reuniones de comisión. Los porcentajes se aplican sobre el salario mensual que percibe cada diputado o diputada.

También contempla un régimen especial para los bloques unipersonales, que deben asistir a un mínimo de 20 reuniones mensuales de comisión. Si no alcanzan ese número, se les aplican los mismos porcentajes de descuento previstos para el resto de la Cámara.

Otro punto relevante es el destino de los fondos descontados: la resolución establece que esos recursos deben ser transferidos al Programa Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, creado por la Ley 3418. Sin embargo, al no haberse aplicado nunca las quitas, tampoco se generaron fondos para ese programa social.

Al final del año, quiénes más faltaron

Aunque la resolución nunca se ejecutó, el registro de asistencias del período 2025 dejó números elocuentes. De un total de 34 legisladores, solo nueve lograron asistencia perfecta, considerando 29 sesiones ordinarias y cinco especiales.

El resto acumuló ausencias en distintos niveles, muchas de ellas justificadas mediante la denominada anuencia legislativa. En ese contexto, Carina Riccomini encabezó el ranking de inasistencias, con nueve faltas a lo largo del año. Detrás se ubicó Ramón “Colo” Fernández, con ocho ausencias, repitiendo un patrón ya observado en períodos anteriores.

En el tercer escalón apareció Francisco Lepore, con cinco faltas, seguido por Andrés Blanco, María Cecilia Papa y Gabriel Álamo, con cuatro inasistencias cada uno. Ninguno de esos registros tuvo impacto salarial, pese a la existencia de una norma que lo habilitaba.

El contraste entre una resolución aprobada y su nula aplicación volvió a instalar, una vez más, el debate sobre la distancia entre las decisiones formales de la Legislatura y su cumplimiento efectivo. Mientras tanto, los descuentos por ausentismo siguen siendo, al menos por ahora, una herramienta que nunca salió del papel.