La violencia en el ámbito escolar dejó de ser una preocupación aislada para convertirse en una alerta constante en las escuelas de Neuquén. La creciente cantidad de episodios de agresión hacia docentes motivó a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) a impulsar un proyecto de ley que ya dio su primer paso legislativo: fue aprobado en general por la Legislatura provincial.
El proyecto propone una serie de medidas concretas para atender, prevenir y sancionar situaciones de violencia hacia el personal docente. Desde asistencia psicológica y legal gratuita hasta el registro obligatorio de estos hechos como accidentes laborales, la propuesta busca transformar una realidad que muchos en el sector describen como insostenible.
Entre los puntos destacados del proyecto figura la creación de un Plan Integral de Protección para los trabajadores de la educación, que incluiría la cobertura por parte de la ART ante hechos de violencia y la creación de un registro de agresores dentro del ámbito educativo. También se contempla la incorporación de sanciones específicas en el Código de Faltas provincial, que podrían ir desde multas económicas hasta arrestos de hasta treinta días.
El diseño del plan prevé la participación de distintos organismos provinciales: el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Seguridad y el propio sindicato ATEN. Esta comisión tendría la tarea de debatir medidas preventivas y garantizar la aplicación efectiva del marco legal en toda la provincia.
Apoyo con reparos y pedidos de revisión
Si bien el proyecto fue acompañado por la mayoría de los bloques legislativos, no estuvo exento de cuestionamientos. Algunas voces, como la del diputado Claudio Domínguez (MPN), consideraron que el texto necesita "ajustes" para evitar situaciones injustas o interpretaciones ambiguas.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la creación de un registro provincial de agresores. Legisladores como César Gass (Juntos por el Cambio) advirtieron que esta medida podría derivar en estigmatización, sobre todo si no se define con precisión quién y cómo se ingresaría a esa lista.
Gass también aprovechó para recordar que el gremio ATEN se opuso en el pasado a iniciativas que buscaban limitar el uso de celulares en las aulas, planteando así una contradicción respecto a la prevención de conflictos escolares.
¿Un antes y un después?
Desde el sindicato sostienen que el proyecto es una herramienta necesaria en un contexto donde los docentes no solo enfrentan los desafíos propios de la tarea educativa, sino también situaciones de violencia que muchas veces quedan invisibilizadas o sin consecuencias.
La aprobación en general marca un punto de partida, pero su implementación real dependerá de las modificaciones que se realicen en el tratamiento en particular. Mientras tanto, la comunidad educativa sigue a la espera de respuestas concretas para garantizar que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros, tanto para enseñar como para aprender.
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