La Legislatura de Neuquén puso bajo la lupa el convenio rubricado entre la provincia, Río Negro y la Nación para avanzar con la licitación de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El tema llegó a la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, donde se resolvió formalizar un pedido de informes al Ejecutivo provincial.
El debate se encendió al tratarse dos proyectos contrapuestos: uno que buscaba manifestar beneplácito por el entendimiento alcanzado y otro que exigía mayor claridad en los términos del acuerdo. Si bien hubo coincidencias en reconocer algunos avances, también se multiplicaron las voces de alerta sobre puntos que todavía generan dudas.
Reclamos por la representación neuquina
Uno de los principales cuestionamientos giró en torno a la participación que tendrá Neuquén en la administración de las represas. Los legisladores remarcaron que, en lugar de contar con un director provincial, la representación se limita a un veedor, una figura con menos peso en la toma de decisiones.
El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) recordó que la Constitución provincial obliga a refrendar en la Legislatura cualquier convenio firmado con la Nación. Además, puso el foco en el destino de los fondos: advirtió que los 500 millones de dólares que se obtendrán de la privatización de las represas irán a fortalecer las reservas del Banco Central, sin garantías de un retorno directo para la provincia.
Desde el MPN, la diputada Cielubi Obreque celebró la inclusión del canon hídrico como un reconocimiento al dominio originario de Neuquén sobre sus recursos. Sin embargo, subrayó que es clave acceder a toda la documentación antes de avalar cualquier pronunciamiento. “Este proceso definirá el manejo de nuestras aguas por los próximos 30 años”, enfatizó.
Críticas de la oposición
Las posturas más duras llegaron desde la izquierda y el peronismo. Andrés Blanco (PTS-FIT-U) fue tajante: “No podemos expresar beneplácito sin conocer en detalle qué se firmó”. A su vez, Darío Peralta (Unión por la Patria) calificó el entendimiento como “una entrega absoluta”, al considerar que deja en manos privadas la concesión de los complejos y relega a la provincia a un rol marginal.
El debate dejó en evidencia las diferencias entre quienes ven en el acuerdo una oportunidad de reconocimiento de derechos provinciales y quienes lo interpretan como un retroceso en la soberanía sobre los recursos hídricos.
Lo que viene
La comisión presidida por Damián Canuto (PRO-NCN) resolvió mantener los proyectos en estudio hasta que el Ejecutivo brinde una respuesta formal con los detalles del convenio. De esa definición dependerá si la Legislatura avanza con un pronunciamiento de apoyo o si se abre un nuevo capítulo de tensiones políticas en torno al futuro de las represas del Comahue.
Lo cierto es que la discusión trasciende lo administrativo: se trata de un tema estratégico para la provincia, que involucra no solo el aprovechamiento energético sino también el control de un recurso vital como el agua.
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