La Legislatura de Neuquén se ha pronunciado en contra de la prórroga indefinida de las concesiones hidroeléctricas en la región, exigiendo una solución definitiva para el manejo de los complejos sobre los ríos Limay y Neuquén. La comunicación 301, sancionada esta semana, cuestiona las constantes renovaciones de contratos sin una resolución final sobre la gestión de las represas.
Desde la finalización de las concesiones en julio de 2023, el gobierno nacional ha extendido indefinidamente los contratos de los complejos hidroeléctricos. La Legislatura provincial, con el apoyo de varios legisladores, ha rechazado este mecanismo, que consideran como una medida que favorece intereses privados sin contemplar adecuadamente a las provincias como dueñas de los recursos naturales. Cielubi Obreque, legisladora del MPN, adelantó que el 11 de agosto se firmará una nueva prórroga de los contratos, pero con plazos indefinidos que solo terminarán cuando se concedan las represas definitivamente.
“Es la séptima vez que se prorrogan los plazos de concesión”, resaltó Obreque, señalando que el gobierno nacional no está considerando las necesidades de seguridad y desarrollo de las poblaciones cercanas a las represas, que llevan años sin recibir inversiones para su mantenimiento. En su discurso, Obreque denunció la falta de una política energética coherente y acusó al gobierno nacional de priorizar los intereses financieros por sobre las necesidades energéticas y de seguridad de las provincias involucradas.
El debate sobre el modelo de concesión
Las críticas a las prórrogas también provienen de la oposición. Lorena Parrilli y Darío Martínez, de Unión por la Patria, criticaron que la comunicación de la Legislatura no dejara claro que cualquier nueva concesión debería incluir a la provincia en la gestión de los recursos. Según Parrilli, la gestión privada de las represas ha demostrado ser ineficaz, ya que no se han reinvertido los ingresos generados durante los más de 30 años de concesión.
Por su parte, las bancadas del PTS-FIT-U y FIT-U exigieron que la administración de las represas quede en manos de los trabajadores, a través de una empresa estatal, como lo fue Hidronor en el pasado. La falta de inversiones y la alta tarifa de energía en Neuquén, una provincia productora de energía, fueron temas recurrentes en sus intervenciones, lo que generó un amplio rechazo hacia la privatización del sector energético.
El proceso de privatización anunciado por el gobierno nacional
A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei dio inicio a un proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, que incluye los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. A partir del 1 de enero de 2024, el Ejecutivo abrirá un concurso público para privatizar estas empresas hidroeléctricas, cuyas concesiones, que datan de la década de 1990, están vencidas.
El decreto publicado en el Boletín Oficial autoriza la venta de las acciones de las sociedades que operan estas represas, a través de un concurso sin base. El objetivo es mantener la operación de las centrales mientras se desarrolla el proceso de privatización, con una extensión de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta la culminación de la licitación.
Los intereses de las provincias en juego
El proceso de privatización ha generado tensiones entre el gobierno nacional y los gobernadores de Neuquén y Río Negro. Los mandatarios, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, han solicitado mayores regalías para las provincias y una participación más activa en la negociación de las concesiones. También han insistido en la necesidad de acordar obras que refuercen la seguridad en las represas, como la de Portezuelo Grande, y que se garanticen beneficios directos para las comunidades afectadas por las obras hidroeléctricas.
Este tema ha cobrado relevancia ante la inminente firma de una nueva prórroga para los contratos de concesión. Los gobernadores de ambas provincias han expresado su preocupación por el impacto de las decisiones nacionales en las comunidades locales, subrayando que el control de los recursos hídricos debe estar balanceado con los intereses provinciales.
¿Cuál es el futuro de las represas del Comahue?
El futuro de las represas hidroeléctricas sigue siendo incierto. Mientras que el gobierno nacional impulsa la privatización, las provincias piden una mayor participación en las decisiones. Las próximas semanas serán claves para determinar cómo se resolverá la disputa por el control de un recurso estratégico para la región, con implicaciones tanto para la seguridad energética como para el desarrollo económico de Neuquén y Río Negro.
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