La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) volvió al centro de la escena política, y no precisamente por combatir amenazas externas. Según una investigación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, el organismo estaría elaborando informes secretos con fines políticos, espiando a opositores, gremialistas, periodistas críticos e incluso asociaciones de jubilados.
En un hilo publicado en X (antes Twitter), Alconada Mon reveló que los documentos internos de la SIDE incluyen nombres como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y hasta encuentros privados, como el de Facundo Manes con Néstor Grindetti. Sin embargo, no figuran informes sobre el entorno de Javier Milei, lo que refuerza las sospechas de un uso direccionado del aparato de inteligencia.
El regreso de la SIDE y el uso de fondos secretos
La SIDE fue reinstaurada por decreto en julio de 2025 y quedó bajo control directo de la Casa Rosada. En lo que va del año, el organismo ya ejecutó más de 80.000 millones de pesos, según la Decisión Administrativa N°10/2025.
Además, recibió otros 100.000 millones por DNU, sin aval del Congreso. Un dato que generó fuerte preocupación es que más de 13.000 millones de ese total se usaron como “gastos reservados”, es decir, sin obligación de rendición ni control institucional.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que en apenas tres semanas de agosto de 2024 se ejecutaron 80.000 millones de pesos bajo esta modalidad. “Sin control ni justificación legal alguna”, señaló.
El PIN, la Bicameral y la reacción del Congreso
En mayo, el diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto para citar al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, más conocido como “Señor 5”. La intención era que explicara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento de 170 páginas al que accedió Alconada Mon y que plantea la necesidad de “vigilar la manipulación de la opinión pública”.
Neiffert terminó reuniéndose con legisladores en junio, pero sus respuestas no convencieron. Aunque aseguró que no usaría los recursos del Estado para perseguir opositores o periodistas, en el texto del PIN los legisladores encontraron una clara habilitación al espionaje político interno.
Críticas desde la sociedad civil y la oposición
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) advirtió que la producción de inteligencia política “es ilegal” y que el uso de recursos del Estado para vigilar a disidentes “cruza una línea muy peligrosa”. Desde la Presidencia, respondieron con un comunicado escueto negando las acusaciones, pero sin ofrecer documentación concreta que las desmienta.
Alconada Mon aseguró que su investigación cuenta con al menos dos fuentes verificadas e independientes. Y desde la oposición, Facundo Manes fue directo: “Milei sigue la peor tradición de la casta: espiar a los que piensan distinto. Desfinancia al Garrahan pero le sube el presupuesto a los servicios.”
¿Inteligencia o persecución?
El giro que tomó la SIDE desde su resurrección pone en duda sus verdaderas funciones. Según los documentos filtrados, ya no se centra en amenazas internacionales o terrorismo, sino en controlar la disidencia interna y el debate público.
Con fondos multimillonarios, sin controles del Congreso y un creciente silencio oficial, la sombra del espionaje político vuelve a instalarse como una práctica peligrosa en la democracia argentina.
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