La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, Neuquén, intenta salir del letargo que arrastra desde 2017. Con negociaciones en marcha con empresas extranjeras, la provincia apuesta a conseguir contratos de venta que permitan reabrir una infraestructura estratégica, aunque sin respaldo económico del gobierno nacional.
El ministro de Planificación de Neuquén y actual presidente de la PIAP, Rubén Etcheverry, confirmó recientemente que se logró extender por seis meses el contrato de conservación de la planta. Esta prórroga, acordada con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), permite mantener operativa —aunque inactiva— una planta que fue considerada durante décadas como un pilar del desarrollo tecnológico argentino en el ámbito nuclear.
El acuerdo da margen para continuar con las tratativas comerciales con potenciales compradores. Entre ellos, se destaca la firma estadounidense Cambridge Isotope Laboratories (CIL), cuyo CEO, Cliff Caldwell, visitó el complejo entre el 22 y el 24 de abril. Durante la recorrida, representantes de la empresa valoraron el estado general de la infraestructura y mostraron interés en adquirir entre 80 y 160 toneladas anuales de agua pesada, un insumo clave para la industria nuclear.
El entendimiento con CIL se formalizaría a través de un memorándum de entendimiento (MOU), que podría transformarse en un contrato de compra en firme si se asegura la reactivación operativa de la planta. Se prevé que el documento preliminar esté listo antes del 9 de mayo, fecha en que la empresa estadounidense lo presentará a su directorio.
Los trabajadores exigen certezas y decisiones
A pesar del potencial productivo de la planta y del interés internacional en su producción, los trabajadores de la PIAP viven en un estado de precariedad e incertidumbre constante. De los más de 500 empleados que llegaron a operar la planta en su apogeo, hoy quedan unos 120. “Desde que se dejó de producir agua pesada en 2017, venimos con los huevos en la garganta”, resumió con crudeza un operario en una entrevista con el programa Va de Tarde.
Matías Marchant, secretario adjunto de la junta interna de la PIAP, aseguró que la planta no está abandonada, sino que se mantiene gracias al compromiso del personal. “Estamos acá todos los días, sosteniendo la conservación, haciendo controles, garantizando que los equipos no se deterioren. Esta planta está viva por nosotros”, afirmó.
Marchant también criticó el incumplimiento parcial del contrato firmado en abril de 2023. “El acuerdo contemplaba tareas de conservación y acondicionamiento, pero solo se ejecutó la parte mínima. Lo esencial para pensar en producir, no se tocó”, denunció.
Desde el sindicato reclaman definiciones políticas claras: “Tenemos una planta reconocida internacionalmente por la pureza de su agua pesada, con una calidad del 99,8%, pero seguimos esperando que se animen a tomar decisiones. No puede ser que cada seis meses tengamos que volver a mendigar una prórroga o un contrato”, apuntó.
Según los trabajadores, el reacondicionamiento de la planta tomaría entre 18 y 20 meses e implicaría una inversión cercana a los 60 millones de dólares. “Falta decisión política, no conocimiento técnico. Nosotros sabemos cómo volver a producir”, enfatizó Marchant. También adelantó que si no hay avances concretos en las próximas semanas, no descartan movilizaciones o medidas de fuerza: “Tenemos familias en toda la región, no queremos conflictos, pero necesitamos que nos escuchen”.
Una infraestructura clave que el país no puede seguir ignorando
Mientras crece el interés internacional por el agua pesada y se reactivan proyectos nucleares en el mundo, Argentina mantiene inactiva una de las plantas más grandes de su tipo. La falta de apoyo del Estado nacional y la dependencia exclusiva de inversión privada complejizan la reactivación, que no solo es estratégica para el desarrollo tecnológico, sino también para generar empleo calificado y valor agregado en origen.
En medio de la incertidumbre, los trabajadores resisten. Mantienen el conocimiento vivo, cuidan las instalaciones y sostienen una infraestructura que, con decisión y financiamiento, podría volver a producir en menos de dos años. Por ahora, el futuro de la PIAP sigue atado a las promesas.
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