En la provincia de Neuquén, el sistema de control de licencias médicas implementado por el Gobierno provincial ha encendido una fuerte polémica con los gremios estatales ATE y ATEN. A pesar de que desde el Ministerio de Educación reconocen posibles errores en la validación de certificados, aseguran que los derechos de los trabajadores no están siendo vulnerados, una afirmación que no convence a los sindicatos.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, se refirió públicamente al creciente conflicto que enfrenta a la gestión provincial con los gremios que representan a docentes y auxiliares del sistema educativo. En declaraciones recientes, Martínez admitió que pueden existir errores en el proceso de validación de licencias médicas, dada la magnitud del volumen diario: entre 1.200 y 1.300 certificados. Sin embargo, fue enfática al señalar que esto no implica una afectación a los derechos laborales de los trabajadores.
La funcionaria explicó que el sistema ha recibido 53.000 certificados desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo, y que se están revisando los criterios utilizados por Salud Ocupacional, particularmente el nomenclador de patologías, que se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión en la negociación con los gremios. "Cada tarea tiene sus particularidades", dijo la ministra, en referencia a las diferencias entre las condiciones laborales de docentes y auxiliares.
Gremios en alerta y reclamos acumulados
Desde los sindicatos, la preocupación va en aumento. Dirigentes de ATEN y ATE advierten sobre demoras, rechazos arbitrarios de licencias y la falta de una respuesta clara frente a casos complejos, como tratamientos prolongados o situaciones de salud mental. La ministra reconoció que muchos de los expedientes observados corresponden a este tipo de situaciones, pero sostuvo que se están abordando "sin comprometer el funcionamiento de las escuelas".
Además, se discutió la situación particular de trabajadores mayores de edad que no pueden jubilarse ni realizar tareas físicas exigentes. En estos casos, la cartera educativa trabaja junto a ATE dentro de la comisión de Condiciones Laborales para buscar soluciones. No obstante, Martínez aclaró que la problemática previsional escapa a la órbita educativa y requiere de una herramienta legislativa específica, que –según dijo– los gremios ya están elaborando.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Aunque se realizaron reuniones entre los sindicatos y representantes del Gobierno –convocadas por el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, y la Secretaría de Hacienda– no hubo avances significativos que permitieran descomprimir la tensión. La revisión del sistema de licencias continúa en marcha, pero los gremios esperan definiciones concretas, especialmente en cuanto a la transparencia de los criterios de validación y la defensa efectiva de los derechos laborales.
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