El Ejecutivo neuquino consiguió el aval legislativo que necesitaba para avanzar con obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Cámara aprobó la ley aclaratoria que adapta autorizaciones previas y habilita al gobierno de Rolando Figueroa a gestionar títulos y otras obligaciones financieras sin aumentar el monto ya acordado. La votación terminó con 26 votos afirmativos y 8 negativos, un resultado que expuso diferencias internas y visiones opuestas sobre el manejo de la deuda.
El debate mostró la tensión que atraviesa la política económica provincial: ¿es momento de tomar más compromisos financieros, aun si no se modifican los montos, o es tiempo de priorizar recursos propios? Mientras el oficialismo defendió el desendeudamiento y la necesidad de sostener obras estratégicas, sectores opositores advirtieron sobre riesgos futuros y falta de certezas en la distribución de fondos.
La norma aprobada modifica el alcance del artículo 9° de la ley 3540 para adecuarlo a lo establecido en la ley 2141 de Administración Financiera y Control. El diputado Matías Martínez (Comunidad) insistió en que la medida no amplía el endeudamiento, sino que otorga un marco más claro para operar con créditos internacionales.
Sin embargo, desde bloques opositores la preocupación giró en torno al stock de deuda y al uso concreto del financiamiento. Lorena Parrilli (Unión por la Patria) reclamó mayor control parlamentario y cuestionó decisiones del Ejecutivo en torno a las hidroeléctricas y sus licitaciones. Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA) y Mónica Guanque (Democracia Neuquén) apuntaron que los recursos propios de la provincia —particularmente los ligados a Vaca Muerta— deberían permitir una planificación menos dependiente de acreedores externos.
Estas intervenciones reflejaron una posición que se repite cada vez que surgen proyectos vinculados al crédito: el temor a comprometer a largo plazo el margen de maniobra fiscal, especialmente frente a un contexto nacional volátil.
Desde el oficialismo y los bloques aliados, la defensa se centró en la gestión del desendeudamiento. Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) explicó que solo 40 millones de dólares de los créditos autorizados se utilizaron hasta ahora para mejoras viales y planes de saneamiento, y recordó que la deuda provincial bajó de 1.250 a 850 millones de dólares desde el inicio del gobierno de Figueroa.
Francisco Lépore (Avanzar) sumó un dato que busca llevar tranquilidad: casi el 80% de las obligaciones actuales vencen entre 2026 y 2027, lo que permitirá organizar pagos sin asfixiar las cuentas públicas.
En el MPN afloraron dos discursos: Gabriel Álamo manifestó apoyo institucional a la continuidad de las obras, mientras Claudio Domínguez destacó el rol histórico del partido en el desarrollo de Vaca Muerta y la infraestructura energética que sustenta la matriz económica de Neuquén.
La aprobación no supone un punto final al debate. Con esta ley, el Ejecutivo obtiene la herramienta legal para administrar financiamiento del BID y avanzar con proyectos en carpeta. Pero las tensiones políticas sobre prioridades, transparencia y tiempos de ejecución seguirán latentes en la Legislatura.
En términos concretos, los créditos podrían apuntalar obras de infraestructura, saneamiento, rutas y desarrollo urbano. Sin embargo, la discusión pública ya se instaló en otra dimensión: cómo garantizar que el progreso no dependa solo de nueva deuda, y cómo traducir el potencial económico de Neuquén en beneficios sostenidos para sus habitantes.
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