Javier Milei avanzó este lunes con dos decretos que apuntan a sacudir la estructura estatal y abrir el juego al mercado privado.
La fusión del ENARGAS y el ENRE en un único organismo —bautizado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad— es uno de los cambios más relevantes. Así lo estableció el Decreto 452/25, publicado en el Boletín Oficial, que justifica la medida en la necesidad de “mejorar la eficiencia del Estado, modernizar la regulación y optimizar el uso de los recursos públicos.”
El nuevo ente tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y su directorio estará compuesto por cinco miembros elegidos por el Poder Ejecutivo, tras un proceso de selección a cargo de la Secretaría de Energía. Entre sus funciones clave estará la aplicación de sanciones y la fiscalización de las leyes del sector.
Reforma profunda para el mercado eléctrico
Pero el verdadero “shock libertario” llegó con el Decreto 450/25, que sienta las bases de lo que Milei llama una “reforma estructural” del sector energético. Según el Gobierno, el cambio busca beneficiar al usuario final y consolidar al sector privado como protagonista central.
Entre las medidas destacadas se encuentran:
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Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con intervención estatal limitada solo a motivos técnicos o de seguridad de suministro.
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Regreso de los contratos privados de compraventa de energía, revirtiendo restricciones vigentes desde 2013. El Gobierno sostiene que esto aportará previsibilidad y atraerá inversiones de largo plazo.
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Libre elección del proveedor para usuarios finales, consagrando el derecho de los consumidores a decidir con quién contratar su energía.
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Facturación transparente, prohibiendo incluir en las boletas impuestos locales u otros cargos ajenos a bienes o servicios efectivamente prestados.
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Facilidades para el desarrollo de infraestructura eléctrica, habilitando la iniciativa privada bajo la lógica de riesgo propio y eliminando trabas regulatorias.
La reforma establece un plazo de 24 meses para adaptar toda la normativa vigente y garantizar que el proceso sea “gradual, ordenado y previsible.”
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