La sequía volvió a marcar la agenda productiva de Neuquén. El Gobierno nacional oficializó la emergencia agropecuaria en la provincia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, una decisión que apunta a sostener a los productores ganaderos, forestales, acuícolas y apícolas que hoy enfrentan pérdidas por la falta de lluvias. El régimen especial queda establecido por la Resolución 2123/2025 del Ministerio de Economía, impulsada tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
La medida exceptúa únicamente a los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia, donde las condiciones hídricas son distintas. Para el resto del territorio neuquino, el acceso a beneficios fiscales y financieros previstos en la Ley 26.509 busca amortiguar el impacto de una sequía que, según distintos relevamientos técnicos, ya tiene consecuencias visibles en la producción y en la economía de las familias rurales.
Quiénes quedan alcanzados
La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que Neuquén presentara ante la comisión nacional el decreto provincial 1303/2025, tratado en la reunión del 20 de noviembre. Desde ese momento se activó el análisis técnico que derivó en la disposición publicada ahora en el Boletín Oficial.
Quedan comprendidas en la declaración las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas afectadas por la sequía. Esto incluye tanto a pequeños como a medianos y grandes productores que acrediten haber sufrido pérdidas vinculadas directamente a la falta de precipitaciones y al deterioro de las fuentes de agua.
El período de vigencia coincide con la recomendación técnica de la comisión y respeta lo establecido en los artículos 22 y 23 del decreto reglamentario 1712/2009, que fija los parámetros para la declaración de emergencia y desastre en el sector agropecuario.
Cómo acceder a los beneficios
Para ingresar al régimen de alivio, los productores deberán tramitar un certificado de afectación ante la autoridad competente de la provincia. Ese documento es clave: acredita que el establecimiento está dentro del área alcanzada por la medida y habilita el acceso a las herramientas previstas por la Ley 26.509, entre ellas prórrogas de vencimientos, suspensión de ejecuciones y facilidades financieras.
La provincia, a su vez, deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la comisión nacional el listado de productores que hayan obtenido el certificado, junto con las copias emitidas por la autoridad local.
También se instruyó a las bancas oficiales y mixtas, así como a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a asegurar que estos beneficios estén disponibles para los productores incluidos en la emergencia. En paralelo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca quedó habilitada para firmar los convenios necesarios que permitan la implementación práctica de la medida.
Un contexto climático que no da tregua
La decisión para Neuquén se suma a otras disposiciones recientes adoptadas en distintas provincias por fenómenos climáticos extremos. En Buenos Aires, por ejemplo, se prorrogó la emergencia por inundaciones en varias circunscripciones de partidos como Veinticinco de Mayo, Saladillo, Lincoln, Azul, Pila y Bolívar, también luego de la reunión del 20 de noviembre de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
En el caso neuquino, el foco está puesto en una sequía que afecta pasturas, disponibilidad de agua para consumo animal y productividad general del campo. Sin estridencias y con un tono administrativo, la resolución intenta poner a disposición del sector herramientas de alivio para un año que, al menos en lo climático, asoma como desafiante.
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