En medio de la tensión generada por el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes del juicio por su expropiación, la Legislatura de Neuquén emitió una señal política: expresó su rechazo a la sentencia y pidió al gobierno nacional que actúe. Sin embargo, el pronunciamiento no fue unánime y dejó expuestas diferencias internas. Mientras tanto, el gobernador Rolando Figueroa optó por no pronunciarse.

En la última sesión antes del receso invernal, los diputados aprobaron una comunicación impulsada por César Gass (UCR) en la que instaron al Ejecutivo nacional a repudiar el fallo y a presentar una medida cautelar para "blindar el ordenamiento jurídico argentino". El pedido apunta a proteger los intereses del país frente a una posible pérdida de control sobre una empresa estratégica como YPF, especialmente relevante en el contexto de Vaca Muerta.

Aunque el debate fue breve, el respaldo al proyecto fue amplio: votaron a favor bloques como Comunidad, MPN, Unión por la Patria y Fuerza Libertaria. Sin embargo, el PRO y La Libertad Avanza se mantuvieron al margen y no acompañaron la iniciativa. La diferencia fue notoria, en un contexto donde se discute el rol del Estado en el control de los recursos estratégicos.

El gobernador Figueroa, en tanto, eligió el perfil bajo. A pesar del impacto que puede tener el fallo sobre la matriz económica de Neuquén —donde Vaca Muerta es una pieza clave—, hasta el momento no emitió declaraciones públicas al respecto. Esta ausencia de posicionamiento oficial contrasta con la decisión de los diputados, que buscaron fijar postura institucional.

Un fallo con ecos nacionales

Durante el tratamiento del proyecto, el único legislador que amplió el debate fue Darío Martínez (Unión por la Patria), quien destacó que “hoy YPF es la empresa con control estatal más exitosa del país” y que la visibilidad internacional ganada por el desarrollo de Vaca Muerta “la vuelve deseable para intereses privados”. También advirtió que la gestión nacional actual tiene una “vocación privatizadora” y que YPF figuraba entre las empresas a vender en el primer borrador de la Ley Bases.

Martínez defendió el proceso de expropiación de 2012, asegurando que se pagó un “precio justo” y que la decisión fue beneficiosa para el país. “En Neuquén no hay dudas de eso”, afirmó.

Lo que viene

Tras la aprobación de la comunicación, la Legislatura neuquina entra en receso hasta el 21 de julio. Las próximas sesiones están previstas para los días 23 y 24. Resta saber si, para entonces, el escenario en torno al fallo de Preska se habrá modificado, o si la cautelar que reclaman desde Neuquén habrá sido presentada por el gobierno nacional.

Por ahora, la provincia que sostiene buena parte del motor energético del país dejó sentada su posición institucional. Pero, como suele pasar en política, el consenso no fue total… y el silencio también habla.

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