Una madre que irrumpe a golpes en una escuela del centro neuquino. Tres docentes con lesiones. Una audiencia judicial. Y una Legislatura que, apenas semanas después, avanza con una ley para frenar lo que muchos consideran un problema en crecimiento: la violencia contra quienes enseñan. Así se gestó y se aprobó esta semana el nuevo régimen que protege al personal educativo de la provincia, con sanciones que van desde multas hasta arrestos. El dato llamativo fue que sólo una diputada votó en contra: Brenda Buchiniz, representante del espacio libertario.
La norma, impulsada por el gremio ATEN y apoyada por bloques de todo el arco político —desde el MPN hasta el Frente de Izquierda—, plantea la implementación de protocolos de intervención ante casos de violencia física, verbal o digital, tanto en el entorno escolar como a través de redes sociales o medios. También establece la posibilidad de sancionar a los agresores con trabajo comunitario, multas económicas e incluso hasta 30 días de detención.
Durante el tratamiento en el recinto, la única voz en disidencia fue la de Buchiniz, del bloque Cumplir. Argumentó que la violencia hacia docentes debía abordarse desde una perspectiva más amplia y cuestionó que no se hubieran solicitado informes previos al Ministerio de Seguridad para dimensionar el problema. También planteó que existen normativas vigentes en distintos niveles del Estado y advirtió sobre los riesgos de una “sobre-legislación”.
“No podemos legislar por impulso emocional ni dejar afuera a otros trabajadores que también sufren violencia, como médicos o recolectores de residuos”, expresó Buchiniz en su exposición.
Su postura fue rechazada por la gran mayoría del cuerpo legislativo, que con 25 votos positivos y dos abstenciones —ambas del Frente de Izquierda— avanzó en la sanción de una ley que fue presentada tras el violento episodio ocurrido en abril en el IFD 12, cuando una madre agredió a golpes a tres autoridades escolares.
Francisco Lepore, del bloque Avanzar, ofició de miembro informante y destacó que la norma representa “un mensaje claro de la Legislatura contra la naturalización de las agresiones”. Desde el PRO-NCN, el diputado Damián Canuto defendió la necesidad de leyes firmes que “castiguen” este tipo de hechos y sostuvo que “lo que abunda no daña” en materia de protección al personal educativo.
La ley incorpora un artículo al Código de Faltas que prevé sanciones graduales según la gravedad de los hechos. Además, se crean instancias de asistencia para el docente agredido y medidas de mediación cuando el agresor sea un alumno o alumna.
El texto también habilita intervenciones ante hechos de violencia en redes sociales o medios de comunicación, algo que fue incluido por la creciente cantidad de episodios de hostigamiento y exposición pública de docentes.
En definitiva, la Legislatura neuquina cerró filas ante un problema sensible, con un consenso transversal y solo una voz discordante que eligió tomar distancia del resto. La discusión no terminó: apenas comienza en la opinión pública.
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