En un paso que marca un giro importante en la política de seguridad provincial, el Gobierno de Neuquén oficializó este viernes la reglamentación del uso de armas no letales por parte de su fuerza policial. El Decreto 0631/25, publicado en el Boletín Oficial, establece un marco normativo que habilita su adquisición, entrenamiento y uso en escenarios específicos contemplados por la Ley 3474.
Desde ahora, la Policía neuquina podrá utilizar herramientas como pistolas eléctricas Taser, aerosoles químicos y escopetas con munición de goma, aunque bajo estrictas condiciones. La medida busca ofrecer una alternativa a las armas de fuego, sin dejar de lado el control y monitoreo de cada intervención. Todo uso deberá quedar registrado en video y estar sujeto a revisión.
Qué son las armas no letales y para qué se usarán
Los dispositivos definidos como “menos letales” están diseñados para inmovilizar o disuadir sin provocar la muerte. Si bien ya son utilizados por fuerzas de otras provincias, su implementación en Neuquén llega con una batería de requisitos: el armamento deberá estar homologado a nivel nacional y su uso será exclusivo para agentes capacitados.
Los escenarios donde estos dispositivos podrán emplearse son limitados: cuando haya peligro inminente para la vida del agente o de terceros, para detener a una persona que represente una amenaza concreta o para evitar un delito en curso. En todos los casos, el policía deberá identificarse antes de actuar, salvo que eso represente un riesgo mayor.
Capacitación, control y restricciones
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la capacitación obligatoria. Ningún agente podrá portar ni accionar estas armas sin haber aprobado un curso específico que incluya formación en derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y funcionamiento técnico del equipamiento. Todo el proceso será documentado, incluyendo nombres de instructores, fechas de cursado y actualizaciones periódicas.
Además, el decreto impone restricciones claras: está prohibido usar estos dispositivos contra personas vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. También se veta su modificación para aumentar la potencia, su uso indiscriminado y la transferencia a civiles.
Un sistema de monitoreo permanente permitirá revisar el impacto de su implementación y corregir desvíos. Cada intervención deberá quedar registrada en video, cumpliendo con protocolos que aseguren transparencia.
Una herramienta nueva en medio de un debate abierto
La decisión del Ejecutivo neuquino llega en un contexto donde la seguridad pública está en debate en todo el país. Mientras algunos sectores ven en estas armas una vía intermedia para resolver situaciones de tensión sin consecuencias fatales, otros plantean dudas sobre su uso indebido o excesivo.
Por ahora, el decreto sienta las bases para una implementación progresiva, controlada y con rendición de cuentas. Resta ver cómo impactará esta medida en la práctica diaria de las fuerzas y en la percepción ciudadana.
Comentarios