La Legislatura de Neuquén recibió esta semana un nuevo proyecto de ley que busca poner freno a una problemática cada vez más visible dentro del ámbito educativo: la violencia escolar. La autora de la iniciativa es la diputada provincial Mercedes Tulián (bloque PRO-PRE-NCN), quien propone una normativa integral orientada a garantizar entornos escolares seguros y saludables, tanto en instituciones públicas como privadas, y en todos los niveles del sistema educativo.
El proyecto se enmarca dentro de los principios de derechos humanos, con especial énfasis en la prevención, la resolución pacífica de conflictos y la participación activa de las comunidades educativas. Aunque la propuesta aún debe ser tratada en comisiones, ya despertó interés entre actores del ámbito escolar y legislativo.
Un programa provincial para fortalecer la convivencia
Uno de los pilares del proyecto es la creación del Programa Provincial de Convivencia Escolar, una herramienta que apunta a reforzar el trabajo que ya realizan las escuelas, pero con mayores recursos y respaldo institucional. Según detalla la propuesta, el programa incluirá:
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Formación obligatoria y continua para equipos directivos y docentes.
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Asistencia técnica especializada ante situaciones de conflicto o violencia.
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Material pedagógico actualizado con enfoque preventivo.
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Estrategias concretas de mediación y resolución de conflictos.
Además, se plantea la actualización de los llamados Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), documentos que regulan la vida institucional en muchas escuelas, pero que muchas veces quedan desactualizados o poco aplicados. La idea es que se revisen periódicamente y de forma participativa.
Violencias visibles y silenciosas
El proyecto reconoce que la violencia en las escuelas no solo afecta a los estudiantes. Docentes, directivos e incluso personal administrativo pueden ser víctimas de distintas formas de agresión, muchas veces invisibilizadas. Por eso, entre sus puntos clave se destaca la inclusión de protocolos para abordar situaciones como bullying, ciberacoso, violencia de género, conflictos entre familias y personal escolar, y también violencia laboral.
La iniciativa también contempla asistencia psicológica y legal gratuita para quienes hayan sido afectados, así como una evaluación periódica de las políticas de convivencia, para que su aplicación no quede en el plano teórico.
Tulián subrayó que el deterioro de la convivencia escolar es un reflejo de tensiones sociales más amplias y que “la escuela no puede ni debe afrontarlas sola”. En ese sentido, el proyecto prevé una asignación presupuestaria específica para asegurar su implementación sostenida y progresiva.
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