La tensión política en torno a las concesiones hidroeléctricas en la Patagonia suma un nuevo capítulo. El gobierno nacional, mediante el Decreto 895/2024, lanzó el proceso de licitación de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas concesiones privadas vencen en 2025. Sin embargo, este avance ha encendido alarmas en la provincia de Neuquén, que reclama un rol protagónico en la gestión de sus recursos naturales.
Mientras el Poder Ejecutivo nacional busca mantener la operatoria en manos privadas, la Legislatura neuquina se encuentra dividida. El oficialismo, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, aún no fija una posición clara. En lugar de confrontar directamente con Nación, el gobierno provincial optó por una estrategia de negociación silenciosa: reclama condiciones más beneficiosas en los pliegos licitatorios, como una tarifa energética diferencial y mayores regalías para la provincia.
Esta postura cautelosa ha generado tensiones internas. Aunque se reconoce la importancia de los acuerdos con el Ejecutivo nacional, también hay sectores del oficialismo que consideran insuficiente el nivel de involucramiento de la provincia en decisiones que afectan a sus recursos estratégicos.
Oposición en alerta: reclaman control provincial de las represas
Por el lado opositor, la respuesta ha sido más contundente. Distintos bloques han presentado proyectos en la Legislatura que exigen frenar la privatización y que la provincia tome control directo de las represas. César Gass (UCR) propuso iniciar gestiones formales para que Neuquén administre los complejos hidroeléctricos, mientras Julieta Ocampo (FIT) presentó una iniciativa similar, reclamando la soberanía energética provincial.
Ambas propuestas comparten una visión crítica del accionar del gobierno nacional, al que califican de “arbitrario” por no haber consultado a las provincias antes de avanzar con el decreto. La diputada Cielubi Obreque (MPN) subrayó la falta de participación de Neuquén en el proceso y exigió ser parte de la toma de decisiones.
En paralelo, se supo que el gobernador Figueroa mantiene conversaciones reservadas con su par rionegrino, Alberto Weretilneck, para coordinar una estrategia común frente al avance nacional. Este miércoles vence el plazo para analizar la documentación del llamado a licitación, lo que genera expectativa sobre una eventual definición de postura por parte del Ejecutivo neuquino.
Recursos estratégicos en juego: ¿Quién controla el agua y la energía?
El debate de fondo no es sólo económico, sino también político y territorial. Para muchos sectores, permitir que las represas continúen en manos de empresas privadas —y controladas desde Buenos Aires— representa una amenaza a la autonomía provincial. En un contexto de crisis energética, tener el control sobre la generación eléctrica y el manejo de caudales cobra una relevancia estratégica.
Además, el recuerdo del malestar por anteriores privatizaciones —y las consecuencias ambientales y sociales que algunas provocaron— todavía pesa en el ánimo de buena parte de la sociedad neuquina.
La incertidumbre reina mientras se espera una definición. Lo cierto es que la pulseada por las represas se convirtió en un nuevo campo de batalla entre el centralismo nacional y las provincias que reclaman mayor poder de decisión sobre sus recursos. La pregunta de fondo persiste: ¿Quién debe tener la llave del agua y la energía en la Patagonia?
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