La Legislatura de Neuquén se prepara para discutir un proyecto que generó debate puertas adentro: la realización de exámenes toxicológicos obligatorios a todas las autoridades de los tres poderes del Estado provincial. La propuesta, impulsada por el diputado Marcelo Bermúdez, ya consiguió el despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y ahora será tratada en el recinto, donde podría transformarse en ley en la próxima sesión.
La iniciativa busca garantizar transparencia y cortar cualquier vínculo de los funcionarios con el narcotráfico. Según el texto, el gobernador, el vicegobernador, ministros, diputados, jueces, fiscales, intendentes y concejales, entre otros, deberán someterse a controles sorpresivos y periódicos. Si un resultado es positivo, se activarán mecanismos de exoneración establecidos por la Constitución, mientras que la negativa injustificada a realizar el examen se considerará como un positivo.
Qué establece el proyecto
El plan contempla un esquema estricto de aplicación. Los propios funcionarios deberán costearse los estudios, que comenzarán con un test rápido y, en caso de ser positivo, continuarán con un examen toxicológico más completo. Si el segundo resultado confirma la presencia de sustancias, la persona tendrá derecho a una contraprueba en otro laboratorio habilitado.
El listado de sustancias a detectar incluye metabolitos de cannabis, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, benzodiacepinas, barbitúricos y cualquier otra que determine la autoridad de aplicación. Además, el proyecto prevé la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes y de un registro confidencial para garantizar la trazabilidad de los controles.
Los municipios que cuenten con Carta Orgánica podrán adherirse de manera voluntaria. En todos los casos, se garantiza el derecho de defensa, la confidencialidad de los resultados y el acceso a contrapruebas.
Cruces y diferencias
Aunque el proyecto logró un respaldo mayoritario, no estuvo exento de cuestionamientos. La diputada Julieta Ocampo (FIT-Unidad) fue la única que votó en contra en la comisión. Calificó la medida como “moralista” y advirtió que no resuelve el problema de fondo: “¿Qué me importa si un funcionario se fumó un porro en su casa? Esto no combate el narcotráfico”, dijo, y reprochó que nunca se convocó a especialistas en salud para debatir aspectos técnicos, como la duración de las sustancias en el organismo.
Otros legisladores defendieron la propuesta. Bermúdez sostuvo que no se trata de invadir la vida privada, sino de “proteger la integridad del Estado”. Francisco Lepore (Avanzar) señaló que, si otros trabajadores están obligados a estos exámenes, los funcionarios también deben estarlo. Desde el oficialismo, Ernesto Novoa remarcó: “El hombre de a pie nos acusa de tener privilegios”.
No todos quedaron conformes. El radical César Gass planteó dudas sobre la autoridad de aplicación y advirtió que se le otorga demasiado margen de decisión al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, Claudio Domínguez (MPN) defendió el espíritu de la ley: “A mayor responsabilidad, mayor obligación”.
Lo que viene
Con el despacho aprobado, la iniciativa llega a la instancia decisiva: el tratamiento en el recinto. Allí se definirá si Neuquén se convierte en una de las primeras provincias del país en establecer un sistema de narcotests obligatorios para la dirigencia política y judicial.
El debate promete ser intenso, no solo por las implicancias legales y políticas, sino también por la discusión de fondo: ¿hasta dónde deben llegar los controles sobre quienes ocupan cargos públicos? La próxima sesión legislativa tendrá la respuesta.
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