La discusión por las políticas sociales llegó a la Legislatura de Neuquén. La diputada Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista y candidata a legisladora nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), presentó un proyecto de Comunicación en el que exige al Gobierno Nacional la inmediata restitución de más de 110.000 pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja en las últimas semanas.
Según la legisladora, la decisión oficial no solo afecta a miles de familias que dependen de ese ingreso, sino que además se produce en medio de un escándalo político que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la Secretaría General de la Presidencia. Ocampo advirtió que se trata de “un ajuste arbitrario y cruel, que deja a personas con derechos adquiridos en una situación de enorme vulnerabilidad”.
En su exposición, Ocampo hizo hincapié en la magnitud del recorte. Señaló que más de la mitad de los pensionados —un 55%— no recibieron siquiera la notificación de la auditoría que se les exige para renovar el beneficio. “Estamos hablando de una pensión que equivale apenas al 70% de una jubilación mínima. No solo es insuficiente, sino que se la quitan a quienes más la necesitan”, remarcó.
La diputada vinculó la medida con la situación judicial que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo director se encuentra bajo sospecha por presuntas coimas. En ese contexto, también apuntó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “El Gobierno amenaza con judicializar la emergencia en discapacidad, mientras su hermana aparece señalada en un caso de coimas millonarias que equivalen a 2.600 pensiones por discapacidad”, sostuvo.
Consecuencias en la vida cotidiana
Además de las bajas masivas, Ocampo describió otros efectos que atraviesan las personas con discapacidad. Mencionó el cierre de centros de día, la pérdida de beneficios como el transporte adaptado y la dificultad para acceder a medicamentos esenciales.
“Quienes lograron acreditar su discapacidad se enfrentaron a tratos humillantes y largas filas para hacer los trámites. Esta situación es inaceptable, no solo por la pérdida material, sino también por la falta de respeto a la dignidad de las personas”, expresó la diputada.
Ocampo subrayó que su proyecto no se limita a denunciar, sino que busca que la Legislatura de Neuquén se pronuncie de manera institucional ante el Gobierno Nacional. El texto presentado reclama la restitución inmediata de las pensiones y advierte sobre la necesidad de garantizar el acceso a servicios básicos de salud y movilidad para la población afectada.
Una discusión que trasciende Neuquén
Si bien el planteo se dio en el ámbito provincial, la diputada aclaró que la problemática es nacional y afecta a miles de beneficiarios en todo el país. En ese marco, vinculó la situación con la discusión política que se dará en el Congreso tras el rechazo al veto presidencial en el Senado sobre la emergencia en discapacidad.
“El ajuste no puede recaer en los sectores más frágiles. Se trata de un derecho conquistado que el Gobierno intenta desmantelar en medio de escándalos de corrupción. Es necesario que se restituyan las pensiones de inmediato”, concluyó.
La iniciativa de Ocampo se suma a otras expresiones de rechazo que surgieron en distintas provincias y anticipa que la cuestión se convertirá en un tema central de debate político en las próximas semanas. Mientras tanto, las familias afectadas esperan una respuesta que, más allá de la puja partidaria, defina su subsistencia diaria.
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