Perú: La crisis andina de la coca.

El Estado de Emergencia declarado por el Gobierno de José Enrique Jerí Oré en Lima y Callao (Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM) es la respuesta de emergencia ante la escalada de extorsiones y homicidios. Si bien la medida incorpora mejoras técnicas (control penitenciario y fiscalización digital), su alcance es internamente limitado. Perú intenta frenar la ola de criminalidad con una visión nacional que ignora que el problema es una economía delictiva completamente integrada a la escala geopolítica global.

La crisis de seguridad peruana es un reflejo del doble reto que enfrentan las democracias latinoamericanas: estancamiento económico e incremento de la inseguridad. Ambas dinámicas alimentan la frustración de una población que, según el Latinobarómetro, teme ser víctima de un delito en un 76% y ve cómo su región alberga un tercio de los homicidios mundiales.

La verdadera crisis se ancla en la interconexión sistémica entre las condiciones geopolíticas y la economía criminal, un fenómeno que, en el marco de la teoría del sistema mundial de Wallerstein, se enmarca en la planetización de los procesos económicos donde el narcotráfico ocupa un lugar cada vez más relevante. Asistimos a una mercantilización de toda actividad, donde la intensificación de los flujos globales de capitales y bienes se ha convertido al narcotráfico andino en un negocio que trasciende al Estado.

La Geopolítica del Narcotráfico: Del Acopio Local al Mercado Global

El narcotráfico, una de las actividades económicas que más dinero mueve en el mundo, ha evolucionado con el comercio internacional, sentando las bases de un mercado mundial de la droga desde el siglo XIX. Hoy se distingue entre tres grandes zonas productoras: dos en Asia (el Triángulo Dorado y la Media Luna Dorada) y una en América Latina, centrada en la cocaína y liderada por Colombia, Perú y Bolivia. Las rutas de distribución se dirigen hacia los dos grandes focos de consumo: Europa y Estados Unidos, aunque la demanda está creciendo en nuevos mercados intermedios en Sudamérica, África y Asia.

En este mapa global, Perú no opera con cárteles tradicionales, sino con un modelo dual, como explicó el general PNP Nilton Reynaldo, jefe de la DIRANDRO:

1. Clanes Familiares Peruanos (Producción y Acopio): Clanes y grupos comunitarios se asientan en las zonas de producción (como el VRAEM, Junín, Piura) y se dedican a copiar grandes volúmenes de droga. Estos grupos utilizan empresas de fachada (grifos, transporte) para el lavado de activos, y su crecimiento se ve facilitado por la escasez de personal policial en sus zonas de operación.
2. Cárteles Internacionales (Logística y Capital): Representantes de cárteles extranjeros (mexicanos, brasileños) asumen la logística completa: controlan el producto, la distribución, el transporte (principalmente vía aérea por la falta de interdicción en el espacio aéreo), la recolección y el blanqueo del dinero. El cartel es responsable de sacar la droga del país, no el acopiador peruano.

Esta especialización funcional del territorio peruano genera repercusiones espaciales que ningún decreto de emergencia puede contener.

Amazonización de la Coca y la Crisis Territorial Andina

La presión constante de la demanda global, estimada en casi 1 millón de nuevos consumidores anuales, obliga a los países andinos a aumentar su oferta, provocando una "amazonización del narcotráfico" en Perú desde 2010.

La producción de coca se ha trasladado de los Andes a la Amazonía baja, fragmentando las áreas de producción y multiplicando las cuencas cocaleras de tres a 19. Entre 2018 y 2023, los cultivos en territorios indígenas amazónicos se triplicaron, pasando de 4.961 a 13.054 hectáreas. Este fenómeno tiene consecuencias nefastas para el control territorial:

• Violencia y Muerte: 27 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados desde 2020 en la Amazonía peruana, siendo la mayoría de estos crímenes responsabilidad del narcotráfico. La resistencia les cuesta muerte y violación de derechos.
• Invasión de Territorios Indígenas: El narcotráfico está presente en 274 comunidades indígenas y reservas para pueblos en aislamiento voluntario ( PIAV ). La penetración se da a través de colonos que talan el bosque para instalar parcelas de coca, a menudo en complicidad con autoridades locales.
• Corrupción y Tráfico de Tierras: Las grandes cantidades de dinero que mueve el narcotráfico se han vinculado al tráfico de tierras para legalizar el acaparamiento y siembra de cultivos ilegales. Esta situación es doblemente dañina, ya que las organizaciones criminales se han empoderado al punto de ampliar su influencia en la administración pública.

Las Cuatro Rutas Geopolíticas de Salida y el Fracaso Estatal

El narcotráfico se aprovecha de la ausencia del Estado para articular cuatro rutas principales de salida, todas ellas ubicadas estratégicamente en zonas de frontera:

1. Ruta Norte (Ecuador): Se dirige hacia la Cordillera del Cóndor y los puertos de Ecuador, como Guayaquil , que se ha convertido en un hub de exportación.
2. Ruta Fluvial (Colombia/Brasil): Avanza por el río Ucayali hacia el Trapecio Amazónico, canalizando droga peruana y colombiana.
3. Ruta Central: Utiliza la carretera Federico Basadre (desde Huánuco, Aguaytía y Pucallpa) como vía terrestre para el flujo de drogas e insumos químicos hacia la costa.
4. Ruta Sur: Se inicia en el VRAEM, sigue por Cusco, Puno y Madre de Dios, con destino a la frontera con Bolivia y Brasil. Es principalmente una ruta aérea que conecta con Bolivia y, desde allí, con la hidrovía Paraná-Paraguay hacia el Atlántico.

La expansión del narcotráfico en Perú, al acercarse cada vez más a rutas y puntos estratégicos de conexión rápida con Brasil, demuestra una reconfiguración total del mapa de la coca. El aumento de la tasa de homicidios en la región (tres veces superior al promedio mundial) y el hecho de que el 50% de esos crímenes se asocien al crimen organizado (frente al 24% mundial), evidencia que el Estado no garantiza el monopolio de la violencia ni protege a su población.

El Estado de Emergencia es un esfuerzo de contención. Sin embargo, si el país está "secuestrado prácticamente por las organizaciones criminales" y el Estado sigue siendo "indolente" ante el asesinato de líderes indígenas y la invasión de tierras, la solución no vendrá de los patrullajes militares, sino de una respuesta integral, multilateral y transnacional que ataque la corrupción, el lavado de activos y aborde las demandas fundamentales de la población indígena sobre la titulación de sus territorios. De lo contrario, la emergencia será solo una prórroga ad infinitum de la violencia.