La Legislatura neuquina comenzó a dar forma a un proyecto que promete abrir debate. Se trata de la propuesta que prohíbe el ingreso a espectáculos públicos de más de 200 personas a quienes estén inscriptos en los registros provinciales de deudores alimentarios morosos o tengan antecedentes por violencia familiar y de género. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia aprobó por unanimidad el despacho, con lo que la iniciativa sigue su camino en el recinto.
La medida, impulsada por el diputado Francisco Lepore (Avanzar), apunta a extender el derecho de admisión a una nueva categoría de incumplidores: aquellos que no cumplen con sus obligaciones parentales o que han sido denunciados por episodios de violencia. “Este proyecto impone un poco de justicia”, afirmó el legislador al fundamentar su propuesta.
Cómo funcionaría la prohibición
El esquema plantea que la restricción alcance a recitales, fiestas populares, actividades culturales y deportivas que superen los 200 asistentes. Para garantizar el cumplimiento, la autoridad de aplicación deberá diseñar protocolos de verificación y poner en marcha una plataforma digital gratuita y unificada que permita el control de datos sin vulnerar la confidencialidad de las personas involucradas.
La propuesta contempla sanciones económicas tanto para los asistentes que intenten ingresar en violación a la norma como para los organizadores que no implementen los controles. El dinero recaudado se destinará a campañas de concientización sobre responsabilidad parental, cuota alimentaria y prevención de la violencia de género.
Un antecedente y el debate legislativo
Lepore recordó que la idea se inspira en una experiencia similar en la provincia de Buenos Aires, donde se impidió el ingreso a recitales a quienes tenían deudas alimentarias. En Neuquén, la intención es replicar ese modelo con un marco más amplio, que también contemple situaciones de violencia familiar.
En el debate legislativo, hubo acuerdo en avanzar, aunque con matices: se resolvió ajustar la redacción para precisar el rango de sanciones que podrían aplicarse a los organizadores de eventos, modificaciones que se terminarán de definir en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
De esta forma, el proyecto continúa su recorrido en la Legislatura con respaldo transversal y la expectativa de transformarse en ley. Si prospera, la medida abrirá un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo el Estado puede intervenir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y, al mismo tiempo, visibilizar la problemática de la violencia de género en la provincia.
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