La Legislatura neuquina recibió una propuesta que apunta a modificar, en casos puntuales, el esquema de trabajo del empleo estatal. El diputado provincial César Gass (Juntos por el Cambio - UCR) presentó un proyecto de ley que contempla la posibilidad de reducir la jornada laboral para quienes acrediten estar a cargo del cuidado de una persona con discapacidad.
La iniciativa establece una disminución del 15% en la carga horaria habitual que rige para cada agente estatal, de acuerdo a su estatuto. El beneficio, de aprobarse, no se aplicaría de forma indiscriminada ni automática: requerirá de una adhesión formal y de documentación específica que acredite tanto la discapacidad como la relación de cuidado directo. Para el legislador, se trata de “un paso necesario” hacia una mayor equidad dentro del sistema laboral público.
Condiciones y límites del proyecto
Según lo establece el articulado, la reducción horaria podría aplicarse de manera flexible: repartida en varias jornadas o acumulada en días completos, con un máximo de tres jornadas laborales mensuales. Sin embargo, no se permitirá trasladar horas no utilizadas de un mes a otro, para evitar acumulaciones excesivas.
Los trabajadores que deseen acogerse a esta medida deberán presentar un formulario de adhesión que será definido reglamentariamente. Además, deberán acompañar el trámite con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) correspondiente, emitido por las Juntas Evaluadoras oficiales, y documentación que demuestre el vínculo o la responsabilidad legal sobre la persona a cargo. En casos específicos también se solicitará sentencia judicial de restricción a la capacidad o medidas cautelares.
Un respaldo a la vida cotidiana
En los fundamentos del proyecto, Gass argumenta que “el acompañamiento a personas con discapacidad no puede entenderse como una tarea complementaria”, y remarca que muchas veces los tiempos del cuidado son incompatibles con jornadas laborales de tiempo completo. Si bien algunas familias pueden pagar asistentes o acompañantes terapéuticos, otras no cuentan con esa posibilidad.
La propuesta no contempla reducciones salariales ni representa un derecho universal: está dirigida exclusivamente a empleados estatales con responsabilidades concretas de cuidado. Tampoco implica una modificación general del régimen de trabajo, sino una excepción con sentido social.
Por ahora, la iniciativa deberá pasar por las comisiones correspondientes antes de ser tratada en el recinto. En un escenario político donde las demandas sociales conviven con los ajustes presupuestarios, esta propuesta abre un nuevo frente de discusión sobre el rol del Estado frente a las tareas de cuidado.
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