¿Debo algo? ¿Cuándo vence esta factura? ¿Por qué me cortaron el gas si pagué todo? Preguntas como estas podrían tener una respuesta más clara si prospera un proyecto de ley que ya comenzó a discutirse en la Legislatura de Neuquén. La iniciativa busca que las boletas de servicios públicos —como luz, agua y gas— incluyan información precisa sobre el estado de cuenta del usuario, algo que hoy no siempre ocurre con transparencia.
El texto fue presentado por el diputado Marcelo Bermúdez (PRO–NCN) y apunta a que las facturas dejen de ser apenas un número a pagar para transformarse en un instrumento claro, detallado y útil. De aprobarse, las empresas estarían obligadas a informar no solo el monto total, sino también si hay deudas previas, intereses acumulados, períodos impagos y fechas exactas de vencimiento.
Para Bermúdez, el eje del proyecto es simple: darle herramientas al ciudadano para que pueda anticiparse a problemas como cortes de servicio o acumulación de intereses. “Un usuario bien informado puede planificar sus pagos de manera efectiva, evitando moras o interrupciones por falta de conocimiento de su situación financiera”, argumentó el legislador durante el debate.
Pero el proyecto va un paso más allá: propone que, si una empresa no informa con claridad una deuda, no podrá cobrar intereses por ella. Y en caso de que omita notificar irregularidades técnicas —como problemas de conexión—, tampoco podrá aplicar multas.
En la misma línea, durante la reunión de comisión se planteó que, antes de que una deuda se traslade a gestión judicial, la empresa esté obligada a notificar previamente al usuario. Todo apunta a una idea: que los consumidores no se enteren tarde de algo que podrían haber resuelto a tiempo.
El debate quedó abierto
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), presidida por el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), decidió mantener el proyecto en tratamiento. La iniciativa quedó en comisión para seguir siendo revisada, recibir aportes técnicos y ajustar detalles antes de emitir un despacho final.
Aunque no hubo rechazos contundentes, algunos legisladores plantearon la necesidad de analizar con más profundidad la viabilidad operativa de aplicar estas medidas en empresas que tienen estructuras de facturación diferentes o que tercerizan parte del servicio.
De todos modos, el clima fue favorable al espíritu general del proyecto: más información, menos margen para la confusión o el abuso. Si bien no se fijaron fechas para retomar el tema, se espera que en las próximas semanas el texto regrese al centro del debate legislativo.
Una demanda creciente
La propuesta llega en un contexto económico donde cada peso cuenta y donde la falta de certezas sobre lo que se paga —y por qué— genera creciente malestar. En varias localidades del país, incluida Neuquén, no son pocos los casos de usuarios que terminan con el servicio suspendido sin haber recibido una advertencia clara o una boleta que lo justificara.
El proyecto de Bermúdez busca anticiparse a esos conflictos y apuesta a que la ley funcione como una garantía para el usuario, pero también como una guía obligatoria para las empresas prestadoras. Resta ver si la Legislatura termina de pulir la propuesta y le da luz verde.
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