A una semana de la Marcha Federal que exigirá al Gobierno de Javier Milei la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobernador Axel Kicillof se reunió con rectores nacionales alineados con el peronismo para discutir la crítica situación de la educación superior en el país. Kicillof confirmó su participación en la movilización programada para el 12 de mayo. Durante el encuentro, el mandatario bonaerense cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional, responsabilizándolo del deterioro del sistema universitario y denunciando un "ataque deliberado" contra la educación pública.
La crisis en las universidades se ha intensificado desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025, que fue aprobada por el Congreso y luego ratificada tras el rechazo del veto presidencial. Según datos del ámbito universitario, el ajuste sobre las casas de estudio ha alcanzado el 45%, lo que ha llevado a muchas instituciones a operar con recursos insuficientes. Además, se ha paralizado el financiamiento destinado a investigación y becas, mientras que el salario docente se ha convertido en uno de los puntos más sensibles, agravado por la falta de convocatorias a paritarias.
Un informe del Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario revela que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, los docentes han sufrido una pérdida acumulada equivalente a 11.4 sueldos actuales, lo que ha licuado casi un año completo de ingresos en poco más de dos años. El índice de salario real ha caído a 64 puntos, evidenciando una pérdida del 36% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, lo que coloca a los docentes en niveles históricamente bajos en términos de ingresos.
Ante la falta de respuesta del Gobierno, los rectores están elaborando una estrategia política y comunicacional para visibilizar el conflicto. La movilización contará con el respaldo de gremios docentes, no docentes, estudiantes y varios sectores políticos, y buscará amplificar el reclamo por financiamiento y cumplimiento de la ley vigente. Su objetivo es exigir la transferencia de fondos para salarios, becas y gastos operativos, en un contexto en el que las universidades aseguran estar funcionando al límite de sus capacidades.
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