Con el aval de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la Legislatura de Neuquén avanza hacia una reforma de fondo en su sistema judicial. El proyecto busca introducir una nueva causal para dictar prisión preventiva: la “reiterancia delictiva”, es decir, el hecho de estar imputado en varias causas penales sin necesidad de condenas previas.
Impulsada principalmente por el bloque del PRO, la medida permitiría a fiscales y querellas solicitar la detención preventiva de personas que acumulen denuncias formales en su contra. Para que esto ocurra, debe haberse celebrado al menos una audiencia de formulación de cargos en cada causa, aunque todavía no exista condena firme.
Hasta ahora, el Código Procesal Penal de la provincia permitía la prisión preventiva solo en situaciones que involucraran riesgo de fuga, peligro para la víctima, o entorpecimiento de la investigación. La “reiterancia” amplía de manera significativa el margen de aplicación de esta medida restrictiva, generando interrogantes sobre su constitucionalidad y su impacto real en la seguridad ciudadana.
Alarma en la Defensoría Pública: ¿más presos sin condena?
Uno de los sectores que alzó la voz frente a esta reforma fue la Defensoría Pública, que advirtió sobre las consecuencias prácticas de la medida. Según sus proyecciones, la aplicación de la reiterancia como causal de prisión preventiva podría aumentar un 394% la cantidad de personas detenidas sin condena, pasando de 109 a 538 solo entre los casos representados por la defensa pública.
En total, se estima que hasta 429 personas más podrían ser encarceladas de forma preventiva, una cifra que pone aún más presión sobre un sistema penitenciario que ya opera por encima de su capacidad. En Neuquén, el hacinamiento carcelario es una realidad: las cárceles superan el 100% de ocupación, lo que podría agravarse significativamente si esta reforma se implementa sin medidas complementarias.
Además, organismos de derechos humanos han señalado que la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla, recordando que se trata de una medida cautelar, no de un castigo anticipado. En ese sentido, sostienen que aplicar la reiterancia como criterio puede derivar en detenciones arbitrarias o en un uso excesivo de la cárcel como herramienta de control social.
Seguridad vs. garantías: un debate que recién comienza
El legislador Damián Canuto (PRO) defendió la iniciativa afirmando que la reiterancia responde a un reclamo social por mayor seguridad y que busca evitar que personas investigadas por múltiples delitos sigan en libertad. “No se puede permitir que alguien acumule causas y camine tranquilo por la calle”, señaló.
Sin embargo, expertos del ámbito judicial y académico advierten que no hay evidencia concluyente de que aumentar las detenciones preventivas reduzca la criminalidad. Al contrario, podrían derivarse consecuencias negativas, como la sobrecarga del sistema judicial, el aumento de personas privadas de libertad sin juicio, y mayores costos para el Estado.
El proyecto deberá ser tratado en el recinto en las próximas semanas. Allí se espera un debate intenso entre quienes consideran que se trata de una herramienta legítima para frenar la delincuencia, y quienes creen que pone en riesgo principios fundamentales del derecho penal.
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