En un contexto de tensiones políticas y económicas, el futuro de las represas hidroeléctricas del Comahue vuelve a estar en el centro de la escena. La inminente expiración de las concesiones de cinco centrales clave reaviva una discusión que no solo involucra al gobierno nacional y las provincias, sino también a técnicos y especialistas en gestión hídrica.
Este lunes, la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura neuquina recibirá a los ingenieros Elías Sapag y Ricardo Cazeneuve, referentes en temas de recursos hídricos, para analizar las implicancias de la eventual reprivatización de las represas Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados.
Más que energía: caudales, riego y seguridad
Aunque la discusión gira en torno a quién controlará las represas una vez vencidas las concesiones, el fondo del debate es mucho más amplio. Las centrales hidroeléctricas del Comahue no solo generan electricidad: también cumplen funciones estratégicas como la regulación de caudales del río Limay, el abastecimiento de agua para el riego agrícola y la contención de crecidas que podrían afectar a poblaciones ribereñas.
El rol que cumplen en la gestión integral del agua posiciona a estas infraestructuras como piezas clave en la planificación regional. De allí la preocupación expresada por diversos sectores sobre los riesgos que implicaría mantenerlas bajo control privado, o bien transferirlas a manos estatales sin una estructura técnica adecuada.
Los ingenieros convocados tienen una amplia trayectoria en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ente que supervisa los usos del agua en la región. Su participación fue promovida por el legislador Damián Canto (PRO-NCN), quien preside la comisión y busca aportar argumentos técnicos en un debate cada vez más politizado.
Un debate sin consenso y con urgencias
En la Legislatura neuquina hay coincidencias sobre la necesidad de mantener el control público de las represas, pero no sobre quién debería ejercerlo. Mientras que el Frente de Izquierda reclama que pasen a manos de la provincia, otros sectores como Unión por la Patria y Fuerza Libertaria advierten que Neuquén no cuenta hoy con la capacidad técnica y administrativa para asumir esa responsabilidad.
Por otro lado, referentes de Juntos por el Cambio y la UCR también manifestaron su rechazo a una nueva privatización, aunque sin definir aún un modelo alternativo.
Ante la falta de consenso, se postergó la votación de los dos proyectos que rechazaban la licitación impulsada por el gobierno nacional. En su lugar, se decidió priorizar una exposición técnica antes de avanzar con una postura definitiva.
Con la fecha límite del 7 de mayo para llamar a nuevas licitaciones, la provincia se enfrenta a una definición apremiante: ¿quién debe gestionar los recursos estratégicos del Comahue, y con qué objetivos? La respuesta marcará no solo el rumbo energético de la región, sino también el modelo de administración de bienes públicos en un contexto de reformas estructurales.
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