La mañana en el Castro Rendón estuvo lejos de la rutina habitual. Frente a uno de los hospitales más importantes de la provincia, trabajadores tercerizados de diferentes áreas levantaron la voz contra lo que consideran una injusticia: la falta de pago del Bono Salud, un adicional que equivale a casi el 30% de sus ingresos mensuales.
El reclamo no es menor. Según el Sindicato de la Actividad Privada de Neuquén (SIAP), la situación golpea a unos 1.500 empleados que cumplen funciones esenciales en los hospitales neuquinos, desde limpieza y seguridad hasta camilleros, cocina y admisión. Para ellos, el bono no es un extra, sino una parte fundamental de su salario. “Este mes esa bonificación no se ha pagado”, resumió el secretario general del gremio, Juan Carlos Hernández, en declaraciones con una radio local.
La protesta y los reclamos
El sindicato eligió concentrarse en la intersección de Alderete y Teniente Ibáñez, frente al Castro Rendón, para visibilizar un conflicto que se arrastra desde hace semanas. La medida, aclararon, no interfirió con la atención hospitalaria en esta primera instancia, aunque el mensaje fue claro: si no hay respuestas, las acciones podrían endurecerse.
Hernández explicó que el origen del problema está en las empresas contratistas, que argumentan haber quedado desfasadas respecto de los costos reales frente a lo que cotizaron en las licitaciones. Sin embargo, el dirigente fue contundente: “Son riesgos empresarios, ellos tienen que hacerse cargo de la situación”.
El sindicalista también apuntó contra el Ministerio de Salud de la provincia. “La responsabilidad es del Poder Concedente, que en este caso es el Ministerio de Salud, quien debe hacer un urgente llamado a licitación para evitar esta situación y no tener inconvenientes con servicios esenciales”, expresó.
Un conflicto que pone en tensión al sistema
El trasfondo del reclamo no se limita a un incumplimiento puntual. La falta de pago del Bono Salud se da en un momento delicado, ya que los contratos de licitación firmados el año pasado están llegando a su vencimiento. Esto genera incertidumbre no solo para los trabajadores, sino también para la continuidad de servicios clave dentro de los hospitales provinciales.
Los tercerizados cumplen funciones que sostienen el funcionamiento diario de los centros de salud: desde quienes trasladan pacientes hasta quienes garantizan la higiene y la seguridad. Por eso, el reclamo cobra aún más peso. “Convocamos a los cuerpos delegados y compañeros a contraturnos, para que todos sepan lo que está ocurriendo”, explicó Hernández, al tiempo que advirtió que las protestas podrían intensificarse.
De momento, el gremio busca agotar las instancias de diálogo, pero la advertencia de medidas más duras ya está sobre la mesa. El conflicto no solo refleja el malestar salarial, sino también la tensión entre el sector privado, que presta los servicios tercerizados, y el Estado, que debe garantizar la prestación en hospitales públicos.
Expectativa por una solución
Mientras el reclamo gana visibilidad, la atención se centra ahora en la respuesta que pueda dar el Ministerio de Salud. Una licitación rápida, como plantea el sindicato, podría ser un camino para evitar nuevos sobresaltos. Sin embargo, hasta el momento no hubo definiciones concretas desde la cartera provincial.
Lo cierto es que, para los 1.500 trabajadores afectados, el Bono Salud no es un lujo ni un beneficio accesorio: es un ingreso indispensable. La protesta en el Castro Rendón fue solo la primera señal de un conflicto que amenaza con escalar si no aparecen soluciones inmediatas.
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