El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, ha reactivado su polémico plan de recortes en el sector público, conocido como "motosierra". Esta nueva embestida apunta a despedir empleados de organismos clave como el INTI, SENASA, Aduana, ANMAT, INTA y la Dirección Nacional de Vialidad. A pesar de la crisis económica y la presión sobre los salarios, el Gobierno busca justificar estos despidos como una medida necesaria para mitigar la situación, argumentando que reducir el tamaño del Estado generará más riqueza.
Con un enfoque que ya ha generado controversia, el Gobierno ha comenzado a implementar retiros voluntarios en varias de estas áreas, un proceso que muchos consideran insostenible en el actual contexto económico. La estrategia incluye no solo despidos, sino también un desfinanciamiento progresivo de los organismos, lo que pone en riesgo la operatividad y los servicios que brindan. Los sindicatos han denunciado que estas decisiones no solo impactarán en el empleo, sino también en el desarrollo de sectores esenciales, como la ciencia y la tecnología.
La respuesta del Gobierno ha sido desestimar las críticas, sosteniendo que la medida busca un mayor control sobre el uso de recursos públicos. Sin embargo, los trabajadores de Vialidad y otros organismos han expresado su descontento, enfrentando salarios congelados y la falta de negociaciones laborales. La combinación de despidos y restricciones salariales ha generado un clima de incertidumbre, y muchos temen que esta "motosierra" no solo afecte la estabilidad laboral, sino también la capacidad del Estado para funcionar adecuadamente en un momento crítico.
Comentarios