El Gobierno de Neuquén oficializó una nueva normativa que busca limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las escuelas. Se trata de la Ley Provincial N° 3520, promulgada recientemente bajo el decreto 2025-809, que regula su utilización en todos los niveles educativos, tanto estatales como privados. En concreto, la medida prohíbe el uso de celulares en el nivel inicial y primario durante toda la jornada escolar, salvo situaciones puntuales autorizadas por las autoridades del establecimiento. En el nivel secundario, en cambio, el dispositivo podrá ser utilizado únicamente con fines pedagógicos y siempre bajo control docente.

Este nuevo marco legal refuerza medidas que ya se vienen aplicando desde el Ministerio de Educación, como el bloqueo interno de redes sociales y aplicaciones ajenas al ámbito educativo dentro de los establecimientos, así como capacitaciones orientadas al uso responsable de la tecnología por parte de estudiantes y docentes.

Reglas claras, con espacio para la pedagogía

La norma establece un criterio uniforme para todos los colegios neuquinos, aunque deja margen para que cada institución adapte el reglamento interno según su proyecto educativo. A nivel inicial y primario, el uso de dispositivos móviles queda estrictamente prohibido durante la jornada escolar. Las únicas excepciones se permitirán cuando la dirección del establecimiento lo autorice de manera expresa, siempre con fines pedagógicos específicos. En esos casos, será obligatorio contar con un proyecto didáctico aprobado por la conducción institucional, supervisado por los docentes y comunicado previamente a las familias.

En el nivel secundario, el dispositivo podrá ser usado por los estudiantes solo cuando el docente a cargo de la clase lo disponga para actividades didácticas concretas. En todos los demás casos, los teléfonos deberán permanecer apagados y fuera del alcance durante el horario de clases.

Cada escuela tendrá la responsabilidad de elaborar sus propios reglamentos internos sobre esta temática, respetando el marco legal general y los lineamientos del Ministerio de Educación. Las normas internas deberán ser construidas de manera participativa mediante los conocidos acuerdos escolares de convivencia.

Campañas de concientización y seguimiento del impacto

El Ministerio de Educación será la autoridad encargada de implementar campañas de sensibilización y formación en ciudadanía digital. Las acciones estarán dirigidas tanto a estudiantes como a docentes y familias, abordando temas como el uso responsable de las tecnologías digitales, la prevención del ciberacoso y la protección de datos personales.

La ley también prevé evaluaciones periódicas sobre su impacto real en las escuelas. Estas revisiones deberán realizarse, como mínimo, cada dos años para medir el cumplimiento y la eficacia de las medidas adoptadas en el entorno educativo.

En definitiva, la norma intenta encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento pedagógico de la tecnología y la necesidad de resguardar los espacios escolares como ámbitos de concentración, aprendizaje y convivencia saludable.

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