En plena mañana del domingo, el corazón de Neuquén fue escenario de un operativo policial que dejó imágenes difíciles de ignorar: forcejeos, empujones y al menos 17 personas detenidas frente a la Casa de Gobierno. No se trató de un hecho aislado. Durante cinco días, integrantes de las comunidades mapuches Lof Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kurá y Ragilew Cárdenas habían acampado y se encadenaron en reclamo de un reconocimiento que, aseguran, les corresponde legalmente: la entrega de sus personerías jurídicas.
La protesta, que había comenzado como un reclamo administrativo, terminó en un violento desalojo ordenado por la Justicia provincial y ejecutado por más de 120 efectivos policiales. Desde las comunidades apuntaron directamente al gobierno neuquino por haber priorizado la represión en lugar del diálogo. El Ejecutivo, por su parte, defendió la medida aduciendo problemas de orden público y cumplimiento incompleto de los requisitos formales.
El reclamo: un pedido burocrático con fondo territorial
Las comunidades mapuches aseguran que llevan más de diez años esperando que la Dirección de Personas Jurídicas les otorgue el reconocimiento legal que necesitan para avanzar en sus gestiones territoriales. Denuncian trabas administrativas y promesas incumplidas tanto del exgobernador Omar Gutiérrez como del actual mandatario, Rolando Figueroa. Incluso recordaron que el actual ministro Jorge Tobares había firmado en 2024 un compromiso para avanzar con el trámite, que nunca se concretó.
En el fondo del conflicto, sin embargo, hay algo más que un simple trámite legal. Los referentes mapuches aseguran que el temor del gobierno está relacionado con Vaca Muerta y el control territorial. Obtener la personería jurídica formal les permitiría exigir consultas previas y participar en las decisiones sobre proyectos extractivos en sus territorios.
El operativo: una postal de tensión y versiones cruzadas
El desalojo fue ordenado por el fiscal Pablo Vignaroli luego de que el gobierno denunciara “perjuicio a la paz social”. Tras un plazo de dos horas para desocupar voluntariamente el acampe, comenzó el operativo. Según cifras oficiales, 17 personas fueron detenidas —11 hombres y 6 mujeres— y trasladadas a distintas comisarías. Se aclaró que no hubo heridos, salvo un policía mordido durante los forcejeos.
Sin embargo, desde la Confederación Mapuche y algunos medios locales se denunció que varias mujeres resultaron golpeadas y al menos un menor fue hospitalizado con lesiones en las costillas. Aunque el gobierno insistió en la “correcta actuación” de las fuerzas, algunos episodios dejaron lugar a dudas: esposas colocadas con exceso de fuerza y detenidos trasladados bajo condiciones que, según las comunidades, rozan el maltrato.
Desde el Ejecutivo también señalaron que “la mayoría de los manifestantes no eran mapuches, sino militantes de izquierda”, una acusación que sumó tensión al conflicto.
¿Qué viene ahora? Un conflicto abierto
En las últimas horas, todos los detenidos fueron liberados. Pero el problema de fondo sigue sin resolverse. Las comunidades insisten en que no se retirarán del reclamo y advierten que, si no reciben la personería jurídica, las protestas continuarán. La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos ya comenzaron a intervenir, preocupadas por el uso de la fuerza.
En paralelo, el ministro Tobares quedó en el centro de las críticas. Su figura debilitada refleja la falta de un canal institucional efectivo para un conflicto que, lejos de cerrarse con un desalojo, parece estar lejos de su final.
Mientras tanto, la pregunta en las calles de Neuquén resuena: ¿por qué un trámite administrativo terminó a los empujones?
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