La capital neuquina será escenario este jueves de una nueva marcha, en este caso, en rechazo al desalojo del acampe mapuche que el pasado fin de semana derivó en un operativo policial frente a Casa de Gobierno. La convocatoria, que partirá desde el monumento al general San Martín a las 17 horas, fue impulsada por referentes mapuches, sindicatos docentes y diversas organizaciones sociales.
La manifestación surgió tras una reunión en la que participaron las comunidades desalojadas, dirigentes sindicales y representantes de organismos de derechos humanos. Allí, se coincidió en el “preocupante avance de políticas represivas” en la provincia, según se expuso en un comunicado difundido por la Confederación Mapuche del Neuquén. “Lo del domingo fue un ensayo. No les importó la presencia de niños ni personas mayores”, cuestionaron desde la zonal Xawvnko.
Comunidades y gremios, en pie de protesta
El punto de mayor tensión se originó el fin de semana, cuando la policía provincial desalojó por orden judicial el acampe mapuche que llevaba varios días instalado en el acceso a Casa de Gobierno. Allí, comunidades como Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas reclamaban la entrega formal de sus personerías jurídicas, trámite iniciado en algunos casos desde 2016.
Para los manifestantes, el operativo represivo fue “una señal” del rumbo que el gobierno provincial quiere consolidar. Referentes del gremio docente ATEN Capital, uno de los principales convocantes a la marcha, advirtieron sobre la gravedad de lo ocurrido. “Lo que creíamos superado, volvió a aparecer: la represión en manos de un gobierno”, expresó Angélica Lagunas, secretaria general del sindicato, quien confirmó que habrá justificativos para los docentes que se ausenten para participar de la protesta.
La respuesta oficial: “El diálogo sigue abierto”
Desde el gobierno provincial, sin embargo, defienden el procedimiento. El ministro Jorge Tobares aseguró que la intención no fue cerrar el diálogo, sino responder a lo que definieron como un intento de “coacción” hacia el gobernador Rolando Figueroa. En la denuncia elevada por la fiscalía de Estado se sostuvo que el acampe fue una maniobra para “forzar la voluntad” del Ejecutivo respecto al reconocimiento de las comunidades.
“Esto no es un trámite exprés”, aclaró Tobares, quien detalló que cada comunidad debe acreditar requisitos específicos para obtener su personería. Pese a los cuestionamientos, afirmó que las conversaciones no están interrumpidas.
Mientras el gobierno busca instalar un mensaje de institucionalidad, desde las comunidades mapuches y sectores sindicales advierten que lo ocurrido refleja “una disputa por captar el voto más reaccionario” en el escenario político provincial. La marcha del jueves, anticipan, será el primer termómetro en las calles tras un fin de semana de alta tensión.
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