El cierre del año legislativo dejó algunas sanciones que, por su alcance institucional y administrativo, no pasan desapercibidas. En sus últimas dos sesiones, la Cámara aprobó los tres presupuestos del Estado —administración central, organismos descentralizados y Poder Judicial—, además de cuatro convenios colectivos de trabajo, la creación del Sistema de Manejo del Fuego y la reforma del Código Procesal Civil Adversarial. Se trata de normas con impacto directo en el funcionamiento del Estado y en áreas sensibles como la prevención de incendios y el sistema judicial.
Estas leyes le dieron contenido al tramo final del período parlamentario y permitieron cerrar el año con decisiones relevantes. Sin embargo, ese marco no alcanza para disimular un dato que atraviesa todo el balance legislativo: fue un año con baja producción normativa y con un cierre concentrado en resolver cuestiones pendientes más que en impulsar una agenda de largo plazo. Las leyes importantes existieron, pero llegaron juntas, sobre el final, y no lograron revertir la sensación de escaso volumen político.
Un temario marcado por iniciativas del Ejecutivo
Al repasar el detalle de lo sancionado, aparece con claridad otro rasgo del año legislativo: la mayoría de los proyectos que avanzaron en el recinto tuvieron origen en el Poder Ejecutivo o en áreas del gobierno provincial. Los presupuestos, los convenios colectivos, el sistema de manejo del fuego y la autorización para avanzar en financiamiento internacional para obras forman parte de una agenda impulsada desde Casa de Gobierno.
Ese predominio dejó poco margen para iniciativas propias del Poder Legislativo y reforzó la percepción de un rol más reactivo que propositivo. La Legislatura acompañó, debatió y aprobó, pero sin lograr imprimir una impronta propia ni abrir discusiones de fondo sobre otros temas estructurales que quedaron fuera del recinto.
En la última sesión ordinaria, además, se avanzó con decisiones de funcionamiento interno, como la conformación de la Comisión Observadora Permanente para el receso parlamentario y el acuerdo para la designación de una defensora pública penal en la 2ª Circunscripción Judicial. Medidas necesarias, aunque lejos de marcar hitos políticos.
Discursos críticos en un cierre sin grandes debates
El momento de mayor tensión política se dio en el apartado de “Otros Asuntos”, cuando algunos legisladores aprovecharon el cierre del año para fijar posición frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Allí, las intervenciones contrastaron con el tono general de la sesión.
El diputado Andrés Blanco fue uno de los más duros al cuestionar públicamente los lineamientos difundidos por el Ejecutivo nacional, a los que calificó como funcionales a los intereses empresariales y orientados a reducir derechos laborales. Sus palabras introdujeron un tono crítico que no tuvo correlato en el temario tratado, pero que funcionó como cierre discursivo de un año sin grandes debates políticos en el recinto.
Desde otra mirada, también se expresaron reparos sobre la viabilidad de la reforma y su posible rechazo por parte del movimiento sindical, dejando en claro que, aunque el tema no formó parte de la agenda legislativa provincial, sí atravesó el clima político del cierre.
Declaraciones de interés y un contraste que se repite
El último dato que terminó de definir el balance fue la cantidad de declaraciones de interés sancionadas: 13 en una sola sesión ordinaria, más una adicional en otra jornada. Actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias ocuparon buena parte del cierre formal del año.
Si bien este tipo de declaraciones cumple una función simbólica y de reconocimiento, el volumen vuelve a poner en evidencia una discusión recurrente: la distancia entre la cantidad de pronunciamientos formales y el escaso número de leyes de fondo sancionadas a lo largo del año. En un período legislativo con producción limitada, el peso de estas iniciativas resulta inevitablemente llamativo.
Así, el cierre del período parlamentario deja una imagen dual. Por un lado, leyes importantes que permiten garantizar el funcionamiento del Estado y avanzar en áreas clave. Por otro, un balance general que expone una Legislatura con bajo nivel de iniciativa propia, una agenda dominada por proyectos del Ejecutivo y un año que terminó sin grandes definiciones políticas.
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