Tras más de diez horas de debate, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia en el país y garantiza el derecho de las personas a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.
Con esta votación, el país vecino se convierte en el primero de Sudamérica en habilitar el acceso a la muerte asistida bajo determinadas condiciones médicas.
La iniciativa fue impulsada por el Frente Amplio y recibió el apoyo de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, pese a que parte de la oposición había manifestado reparos éticos y religiosos.
Un derecho para los pacientes en etapa terminal
El texto aprobado establece que podrán acceder a la eutanasia los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen una enfermedad incurable, irreversible o que les genere sufrimientos insoportables.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, señala la norma.
De esta manera, Uruguay se suma a un reducido grupo de países en el mundo —como España, Bélgica, Países Bajos y Canadá— que reconocen este derecho.
Los próximos pasos
La ley aprobada deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación. Una vez reglamentada, se dispondrá de otros 90 días para conformar la Comisión Honoraria de Revisión, encargada de supervisar los procedimientos realizados en el marco de la norma.
Esa comisión estará presidida por el Ministerio de Salud Pública e integrada por representantes del Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Su función será revisar los casos, garantizar el cumplimiento del marco legal y elaborar un informe anual que se remitirá al Ministerio de Salud y a la Asamblea General.
Un debate histórico en la región
El proyecto de Muerte Digna fue presentado originalmente en 2020 y se debatió durante años en distintas comisiones parlamentarias, con fuerte participación de organizaciones médicas, religiosas y de derechos humanos.
Para el Frente Amplio, la aprobación representa “un avance en derechos y libertades individuales”, mientras que sectores conservadores advirtieron sobre los desafíos éticos que implica su aplicación.
Con esta sanción, Uruguay vuelve a marcar un precedente en materia de derechos civiles, como ya lo hizo al legalizar el matrimonio igualitario y la marihuana.
Comentarios