El Gobierno nacional volvió a poner en marcha la licitación para la operación privada de las principales represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila—, cuya concesión había vencido en 2023.
La decisión, tomada tras las elecciones legislativas, apunta a garantizar la continuidad operativa del complejo energético más importante del país, con un modelo de gestión actualizado y un rol más activo del Estado.
El nuevo esquema impulsado por la Secretaría de Energía introduce cambios sustanciales respecto a los contratos originales firmados en los años noventa. Entre las modificaciones más relevantes se destaca la creación de un canon por uso del agua, el fortalecimiento del control público sobre la gestión y la incorporación de criterios técnicos unificados para evaluar las ofertas. Además, las provincias de Neuquén y Río Negro podrán participar hasta con un 10% del capital accionario, lo que marca un hito en la relación entre Nación y regiones productoras de energía.
Según fuentes oficiales, el nuevo modelo busca equilibrar la participación privada con una supervisión estatal más rigurosa, orientada a “asegurar un uso racional de los recursos hídricos y energéticos”. Parte de los ingresos generados por las represas será destinada a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), organismo que integra a ambas provincias y al Estado nacional.
Desde la Secretaría de Energía destacaron que el rediseño del sistema no sólo tiene objetivos económicos, sino también ambientales y sociales. “Se trata de un esquema que reconoce el valor estratégico del agua y del rol de las provincias en la planificación energética”, indicaron funcionarios del área.
En paralelo, el Gobierno busca garantizar que la transición entre concesiones no afecte el suministro eléctrico ni el empleo de los trabajadores vinculados a las plantas.
Entre las compañías interesadas en la licitación figuran las actuales operadoras —Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation—, así como nuevos jugadores del mercado energético: Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y distintos grupos de capital chino vinculados al sector hidroeléctrico.
Uno de los puntos más sensibles del proceso es la evaluación de los antecedentes judiciales y financieros de las empresas oferentes. El caso más resonante es el de AES Corporation, que operaba la represa Alicurá y en 2025 obtuvo un fallo favorable por más de 700 millones de dólares ante un tribunal internacional, tras una demanda originada por la pesificación de contratos a comienzos de los 2000.
Desde el Ministerio de Economía aclararon que la existencia de litigios no representa una exclusión automática, pero sí exige “una revisión exhaustiva y prudente” antes de adjudicar los nuevos contratos. “El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que implicaron pérdidas millonarias”, explicaron fuentes de la cartera.
La presentación de ofertas fue reprogramada para el 7 de noviembre de 2025, y el Gobierno nacional prevé cerrar el proceso antes de fin de año. La meta es que las nuevas concesiones entren en vigencia a comienzos de 2026, garantizando la continuidad operativa de las represas del Comahue y un esquema que combine eficiencia privada con control público.
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