Una medida del Gobierno nacional, oficializada en el Boletín Oficial, permitirá que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otras fuerzas de seguridad puedan realizar tareas de rampa y manipulación de equipaje en los aeropuertos.
La Resolución 49/2024 busca evitar que los conflictos gremiales, como los de Intercargo, sigan dejando a pasajeros varados y fortalecer la posición del Gobierno contra los sindicatos.
Esta decisión fue impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según el comunicado oficial, la medida permite que tanto las fuerzas de seguridad como cualquier empresa privada que cumpla los requisitos técnicos, legales y económicos pueda realizar este tipo de tareas en situaciones de emergencia, aportando lo que llaman una "solución sistémica" para el servicio de rampa y atención en tierra.
Competencia para Intercargo y entrada de nuevos actores
La normativa también abre el mercado para que operadores privados puedan ofrecer estos servicios de rampa, en lo que el Gobierno considera una desregulación necesaria para beneficiar a los pasajeros. Esta competencia directa con Intercargo busca evitar que el monopolio de los servicios de rampa siga afectando a los usuarios en los momentos de conflicto.
Nuevo marco regulatorio: Silencio Positivo y licencias de 15 años
La nueva regulación incluye el principio de Silencio Positivo, una herramienta que permite que los permisos para operar sean automáticos si no hay objeciones dentro de un plazo determinado, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y de seguridad.
En tanto que las licencias otorgadas tendrán una duración de 15 años, con opción a renovación.
Una apuesta por la desregulación… y la polémica
Desde el Gobierno destacan que esta medida forma parte de un plan más amplio de desregulación del transporte aéreo, que, afirman, adaptará los servicios a las necesidades actuales del sector.
Sin embargo, el enfoque ha despertado debate, ya que la posibilidad de que la PSA realice tareas de rampa toca un tema sensible: el rol de los gremios y el alcance de las fuerzas de seguridad en los aeropuertos.
La política de desregulación y la entrada de nuevos actores al sector dejan abierta una discusión sobre cómo afectará esto a los derechos laborales y a la continuidad del servicio en tiempos de conflicto.
Comentarios