La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 36 horas en toda la administración pública, que comenzará este martes. La medida incluye una movilización al mediodía hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.
La concentración será a las 12 en el Obelisco, y desde allí los trabajadores marcharán hacia la sede de la cartera de Federico Sturzenegger, en Avenida Roque Sáenz Peña 788. La protesta se extenderá hasta el miércoles 30 y coincide con el paro de transportes, intensificando la jornada de reclamos por salarios y estabilidad.
ATE exige paritarias y rechaza el ajuste en el Estado
Según ATE, la huelga responde a una pérdida del poder adquisitivo superior al 34% desde que comenzó la gestión de Javier Milei. El gremio exige la reapertura urgente de paritarias para recomponer los salarios, afectados por la inflación y el ajuste.
“Hoy un empleado público con hijos y que tiene que alquilar no llega ni a mitad de mes. Exigimos la inmediata reapertura de paritarias y un incremento para recuperar el poder adquisitivo perdido”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Aguiar cuestionó además las políticas de ajuste del Gobierno, al que acusó de mentir sobre un supuesto “sobredimensionamiento del Estado”. “Este Gobierno protege y se abraza a la casta”, expresó en un tono contundente.
Denuncia de despidos y enajenación de bienes estatales
ATE reclama también la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados en la administración pública y rechaza el plan del Gobierno de vender más de 300 inmuebles del Estado.
Según el comunicado, el gremio denuncia además las recientes y, según describen, "falsas" intimaciones a jubilarse, que ya existían, y el vaciamiento de entidades claves como la AFIP. Aguiar remarcó que sólo con protestas en las calles se logrará frenar la “usurpación del Estado por los grandes grupos empresarios”.
"La paz social no será nuestra responsabilidad"
ATE advirtió que si el Gobierno no responde a sus reclamos, la conflictividad “irá en ascenso” y la paz social estará en riesgo. “Será responsabilidad de quien debe garantizarla con políticas, que es el Gobierno”, afirmó Aguiar.
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