El rechazo judicial a la Ley de Reiterancia en Neuquén desató un fuerte cruce político y jurídico. El diputado provincial Marcelo Bermúdez (PRO), impulsor de la normativa, salió al cruce del fallo firmado por el juez Luis Giorgetti, que declaró inconstitucional la aplicación de la norma. Para el legislador, la decisión refleja un “garantismo berreta” que deja a la sociedad expuesta frente a la reincidencia delictiva.
“Desde la Legislatura tenemos que dar la pelea para que haya seguridad. Si alguien comete un delito y luego repite, no puede seguir entrando y saliendo por la ‘puerta giratoria’ de las comisarías”, advirtió Bermúdez en un mensaje difundido en redes sociales, en el que defendió con énfasis la ley recientemente aprobada.
Qué plantea la Ley de Reiterancia
La norma, sancionada hace pocos meses en la Legislatura neuquina, establece que una persona imputada por un delito que recibe una nueva imputación puede ser sometida a prisión preventiva. El objetivo, según sus impulsores, es cortar con la reiteración de hechos delictivos y otorgar a la Justicia una herramienta para actuar con mayor severidad frente a la reincidencia.
En su resolución, el juez Giorgetti consideró que la Ley de Reiterancia “se lleva por delante principios constitucionales e internacionales” y decidió no aplicarla en un caso concreto, lo que generó la inmediata reacción política.
Bermúdez, quien defendió la normativa durante su tratamiento legislativo, calificó la decisión judicial como una expresión de “una ideología que protege a los delincuentes por encima de las víctimas”. Y agregó un ejemplo para ilustrar su postura: “En San Martín de los Andes hubo un caso de una persona que robó 14 veces. Solo en la número 15 se pudo detenerlo gracias a la ley”.
Un debate que cruza política y Justicia
El fallo de Giorgetti no solo abre un frente legal, sino también político. El diputado del PRO advirtió que insistirá “en todos los ámbitos que corresponda” para que la ley se mantenga vigente y se aplique. En paralelo, apuntó contra la Defensora General de Neuquén, Vanina Merlo, quien había planteado reparos al proyecto, advirtiendo que su implementación podría incrementar un 394% la población de detenidos preventivos en una provincia que ya atraviesa una crisis carcelaria.
La controversia vuelve a instalar la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales. Mientras sectores judiciales y de la defensa pública ponen el foco en los riesgos de una sobredimensión del uso de la prisión preventiva, desde la política —especialmente desde la oposición provincial— sostienen que el Estado debe garantizar herramientas concretas para evitar que quienes acumulan causas continúen en libertad.
El caso promete escalar en los próximos días. La declaración de inconstitucionalidad anticipa un camino de apelaciones y revisiones que podrían llegar hasta instancias superiores. En paralelo, el oficialismo provincial y distintos bloques legislativos deberán posicionarse frente a un tema sensible: cómo compatibilizar el respeto a las garantías constitucionales con la creciente demanda social de seguridad.
En ese contexto, la discusión sobre la Ley de Reiterancia se perfila como uno de los debates centrales en Neuquén, atravesando tanto la arena judicial como la política, con un trasfondo de fuerte interés ciudadano.
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