El diputado César Gass presentó un proyecto en la Legislatura neuquina para que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) brinden detalles sobre las operatorias de construcción de viviendas vinculadas a la Cooperativa 127 Has.
El legislador busca conocer el estado de las obras concluidas y en curso, el número de beneficiarios y aspirantes, y qué acciones tomó el gobierno provincial ante las denuncias de los damnificados, quienes aseguran haber realizado aportes durante años sin recibir su vivienda.
🏠 Posible megacausa judicial
El proyecto de Gass destaca que la situación afectaría a miles de vecinos en la provincia y que ya se iniciaron acciones civiles y penales contra la cooperativa.
📌 “Ha tomado conocimiento público una situación que estaría afectando a numerosos vecinos de la provincia, en un número que superaría los varios miles de afectados”, señala el documento presentado en la Legislatura.
Según trascendidos en medios locales, el conflicto involucra terrenos y viviendas en diversas localidades:
- La Meseta
- Sirena Unificada
- Centenario I y II
- China Muerta
🔴 En Centenario, por ejemplo, las tierras fueron entregadas entre 2013 y 2015, y la primera denuncia penal se habría presentado en diciembre de 2024 ante el Ministerio Público Fiscal.
📢 Reclamos y protestas en Casa de Gobierno
El miércoles pasado, decenas de damnificados marcharon a la Casa de Gobierno exigiendo respuestas. Allí fueron recibidos por funcionarios provinciales, quienes se comprometieron a entregar la documentación existente en el IPVU sobre la situación de la cooperativa.
Además, en la página oficial de la Cooperativa 127 Has se siguen promoviendo proyectos de viviendas sociales, lo que aumenta la incertidumbre entre los afectados.
⚠️ Posible uso de fondos públicos
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es que el caso podría involucrar recursos estatales, lo que amplificaría la responsabilidad del gobierno en la supervisión de los fondos destinados a viviendas sociales.
📢 “Es una situación gravísima no solo por el número de presuntos perjudicados, sino porque podría involucrar el uso de fondos públicos”, alertó Gass.
El pedido de informes busca esclarecer el rol del Estado en el manejo de estas operatorias y determinar qué medidas se tomarán para responder a los reclamos de los damnificados.
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