La comisión interpoderes encargada de la elaboración del nuevo Código Procesal de Familia de Neuquén inició este martes una nueva etapa de trabajo. En la reunión participaron representantes de los tres poderes del Estado, diputados, universidades, colegios profesionales, magistrados, el Ministerio Público de la Defensa, la Policía provincial y delegados regionales. Este proceso tiene como objetivo modernizar y adaptar el marco legal en materia de familia, con un plazo establecido hasta octubre para sancionar el nuevo instrumento procesal.
El acto de apertura fue liderado por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y el titular de la comisión interpoderes, Ernesto Novoa. La subsecretaria Legal y Técnica de la provincia, María Laura Du Plessis, también estuvo presente y destacó la importancia de la experiencia adquirida durante la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, subrayando la continuidad de la metodología de trabajo.
Reina compartió que la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, responsable de la dirección técnica del proceso, ha enviado un anteproyecto que consta de 314 artículos, que servirá como referencia para el análisis. La comisión interpoderes fue establecida en abril del año pasado, y su trabajo ha sido caracterizado por un enfoque federal que incluye la participación de diferentes sectores e instituciones de las siete regiones de la provincia. La vicepresidenta enfatizó la importancia de escuchar todas las voces en este proceso.
Mazieres también valoró la labor colectiva de la comisión, afirmando que el nuevo código facilitará un "Código Procesal de Familia bien neuquino". Reiteró el compromiso del Poder Judicial para respaldar el proceso, asegurando que aportará información técnica a lo largo del tratamiento de la iniciativa.
El inicio del debate fue calificado por Novoa como una jornada institucional histórica. Relacionó el trabajo actual con el realizado el año pasado para la sanción del Código Procesal Civil adversarial, enfatizando que esta es una fase crucial en la modernización de los códigos procesales de la provincia. Desde el Ministerio Público de la Defensa, la defensora general Vanina Merlo destacó la necesidad de integrar la perspectiva territorial en la reforma, y los representantes de la Policía provincial subrayaron la relevancia de su participación en el proceso, dado el alto porcentaje de denuncias relacionadas con violencia familiar.
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