El sector agropecuario encendió una señal de alarma ante la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei avance con cambios profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este martes, las entidades de la Comisión de Enlace se reunieron con autoridades nacionales y reclamaron que se respete la autarquía, la gobernanza y la estructura del organismo.
El encuentro, solicitado por la Mesa de Enlace, tuvo lugar en un contexto de creciente incertidumbre. Participaron los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; de Coninagro, Lucas Magnano; de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari; y la vicepresidente segunda de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloísa Frederking. Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; y su vice, María Pilu Giraudo.
El campo dejó en claro su malestar ante la posibilidad de que se dicte un decreto que modifique “sustancialmente la estructura y esencia” del INTA. En ese marco, los dirigentes plantearon tres reclamos clave: que se garantice la autarquía financiera y operativa del organismo, que se mantenga el esquema de gobernanza con participación de las entidades rurales y que no se altere la red de Centros Regionales, fundamentales para el desarrollo agropecuario en el interior.
“Los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país”, remarcaron desde la CEEA en un comunicado conjunto. Aunque admitieron que son necesarias algunas reformas para mejorar su funcionamiento, advirtieron que cualquier medida que atente contra la esencia del INTA “perjudica a todo el sector”.
El trasfondo de esta tensión es el anuncio realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien a fines de mayo confirmó que el Gobierno planea avanzar con el cierre y reestructuración de unos 40 organismos públicos. Entre ellos, mencionó específicamente al INTA, cuestionando su presupuesto —que, según dijo, “equivale a la mitad de las retenciones del maíz”— y anticipando que necesita un “rediseño importante”.
Mientras crecen los rumores sobre los alcances de la reforma, el campo intenta blindar al organismo que considera clave para la innovación y el desarrollo del sector agroindustrial.
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