El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ha convertido en una de las investigaciones de corrupción más significativas, revelando supuestas maniobras que involucran $75,478 millones. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez han solicitado al juez Ariel Lijo 29 nuevas indagatorias, impulsados por la evidencia de coimas y un esquema de recaudación ilegal.
La investigación se intensificó tras la difusión de audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se discutían prácticas corruptas, incluyendo menciones a la secretaria general de la Presidencia y un supuesto 3% en coimas. Hasta ahora, 19 personas han sido procesadas, incluyendo a Spagnuolo y al lobista Miguel Ángel Calvete, quien se benefició con contratos y comisiones.
Los audios revelan cómo los involucrados organizaban la recaudación y direccionaban contrataciones. Un mensaje reciente de Pablo Atchabahian instó a mantener la cohesión entre los implicados, mientras que otro audio, atribuido a Claudio Kahn, sugiere la manipulación de pagos en efectivo.
La causa investiga un esquema de contratación que favoreció a un grupo específico de proveedores de insumos médicos, como prótesis y sillas de ruedas, afectando gravemente al Estado. La fiscalía describe a ANDIS como “una permanente ventanilla de pagos indebidos” para sostener negocios corruptos.
Los fiscales han propuesto indagar a más de 27 personas, incluyendo a miembros de familias involucradas en la provisión de insumos a ANDIS. La magnitud del entramado sugiere que la corrupción estaba estructurada y coordinada entre funcionarios y empresarios.
El juez Lijo, quien asumió el caso, ahora deberá decidir sobre las nuevas indagatorias y la posible inhibición de bienes de los implicados, en un contexto donde la corrupción se ha vuelto un tema candente en el ámbito político y social.
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