En la antesala de una nueva movilización en defensa de los jubilados, el Gobierno nacional denunció penalmente a la jueza porteña Karina Andrade por presuntas "graves irregularidades" en su fallo que liberó a los 114 detenidos tras la protesta del 12 de marzo frente al Congreso.
La denuncia, presentada por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, la acusa de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Según el escrito, la jueza resolvió las excarcelaciones "sin analizar pruebas, sin considerar los antecedentes penales y sin respetar los procedimientos legales".
Las acusaciones del Gobierno
Desde la administración de Patricia Bullrich, aseguran que Andrade intervino en un procedimiento de flagrancia sin competencia y tomó su decisión sin los elementos de prueba adecuados.
"Su resolución consistió en un grave incumplimiento a las normas penales. Encima, todo ello sin dejar registro oficial y sin intervención de la fiscalía ni de las víctimas de los hechos", sostuvieron desde el Ministerio.
Además, remarcaron que la jueza permitió la intervención de defensores no designados y que su fallo fue "un mero acto de voluntad, basado en pura ideología".
Según la denuncia, la decisión de liberar a los detenidos fue una "interpretación arbitraria de la libertad de expresión", ya que el Gobierno insiste en que la protesta "no fue pacífica". "Tirar piedras, quemar patrulleros e incendiar contenedores no son formas legítimas de reclamar", argumentaron.
La respuesta de la jueza Andrade
La magistrada defendió su fallo y afirmó que resolvió "con los elementos que tuvo a disposición", garantizando el derecho a la protesta y la libertad de expresión, consagrados en la Constitución. "Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a derecho", sostuvo.
Andrade también remarcó la necesidad de diferenciar la rapidez de la respuesta judicial de la obligación del Estado de investigar los hechos delictivos.
Algunos observadores, interpretan que el Gobierno no sólo busca advertir al sistema judicial que no será contemplativo con quienes firmen fallos adversos, sino que se sintió golpeado por el peso de los argumentos que puso en juego la jueza Andrade.
Es que en el fallo en el que decidió la liberación de los detenidos, quedó muy claro que las Fuerzas de seguridad no habían brindado ningún tipo de precisión sobre los detenidos y su accionar desnudaba el hecho de que habían salido a cazar personas al boleo en la zona de la manifestación.
El Gobierno endurece su estrategia judicial
Esta es la segunda denuncia penal que el Gobierno presenta en el marco de la represión a la protesta de jubilados. La semana pasada, Bullrich había acusado al ex líder montonero Mario Firmenich, a los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), y a diversos grupos organizados por "sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada".
Con esta nueva acción judicial, el oficialismo refuerza su discurso contra la protesta social y marca su postura frente a futuras movilizaciones, en un contexto de creciente tensión con sectores sindicales y políticos que cuestionan las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
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