Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones y endureció el acceso a derechos para personas extranjeras que residan en Argentina sin residencia permanente. El nuevo texto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, lleva el número 366/2025 y habilita, entre otros puntos, el arancelamiento del sistema de salud y educación superior para quienes no tengan residencia permanente.
Uno de los artículos más controvertidos del decreto habilita a las universidades estatales a cobrar por el servicio educativo a estudiantes extranjeros, algo que hasta ahora estaba expresamente prohibido. A su vez, establece que la atención médica brindada por hospitales nacionales podrá ser condicionada a la presentación de un seguro o al pago previo, salvo en casos de emergencia.
Qué cambia con el nuevo DNU
Aunque se mantiene el principio de no discriminación en el acceso a la educación inicial, primaria y secundaria —aún en casos de situación migratoria irregular— el DNU señala un cambio importante para el nivel universitario: solo tendrán acceso gratuito los ciudadanos argentinos (nativos o por opción) y los extranjeros con residencia permanente.
Además, las instituciones podrán cobrar aranceles a quienes no estén incluidos en esas categorías, salvo que accedan a becas a través de convenios o programas internacionales.
En materia sanitaria, el decreto establece que los extranjeros no podrán ser rechazados en situaciones de emergencia, pero fuera de ese supuesto, la atención médica pública podrá condicionarse al pago previo o a la presentación de un seguro, en base a lo que defina el Ministerio de Salud.
Residencia, deportaciones y ciudadanía
El nuevo texto también modifica los criterios de residencia precaria y permanente, y aclara que el período de residencia precaria no será tenido en cuenta como "arraigo" para obtener la ciudadanía por naturalización.
Para ser considerado residente permanente, una persona deberá acreditar medios económicos suficientes y no tener antecedentes penales. A los hijos de argentinos nacidos en el exterior se les reconoce directamente esa categoría.
Además, se refuerzan los criterios de reunificación familiar, pero con plazos específicos: quienes reúnan los requisitos podrán permanecer en el país hasta tres años, o el tiempo que dure la residencia de su familiar directo.
Un giro restrictivo en la política migratoria
Desde su preámbulo, el decreto plantea un cambio de enfoque: se subraya que el acceso a derechos dependerá del tipo de residencia, y se refuerzan los mecanismos de control y fiscalización migratoria a través de la Dirección Nacional de Migraciones.
El Gobierno argumenta que estos cambios buscan ordenar y racionalizar el uso de los servicios públicos, pero sectores académicos y de derechos humanos ya alertan sobre el riesgo de retrocesos en el acceso igualitario a la salud y la educación.
El debate sobre el alcance y constitucionalidad de este DNU recién empieza, pero lo que queda claro es que la política migratoria argentina entró en una nueva etapa. Una más restrictiva, con menos derechos garantizados para quienes vienen de afuera y a contapelo de una política abierta que ha sido parte de la tradición política argentina y está reflejada en el preámbulo de la Constitución Nacional.
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