El Poder Judicial de Neuquén proyecta para 2026 un presupuesto total de $389.456 millones, una cifra récord que refleja el impacto de la inflación y la expansión de la estructura judicial.
Según el proyecto enviado a la Legislatura, el 92% del gasto estará destinado a sueldos y erogaciones de personal, lo que demuestra el peso que tiene la masa salarial dentro del funcionamiento del sistema de justicia provincial.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) detalló que el 53% de los fondos —equivalente a $206.540 millones— será financiado por el Tesoro provincial, bajo la administración del gobernador Rolando Figueroa. El resto se completará con coparticipación federal (43,88%) y recursos propios (3%), en una estructura que evidencia la fuerte dependencia del Ejecutivo.

El crecimiento del gasto y la asistencia del Ejecutivo

Comparado con el ejercicio anterior, el presupuesto judicial crece casi un 50%, ya que en 2025 se habían previsto $260 mil millones. Sin embargo, en los últimos años, el gasto real del Poder Judicial ha superado sistemáticamente las previsiones iniciales, lo que genera preocupación en el ámbito financiero provincial.

Durante 2025, el Ejecutivo debió auxiliar al TSJ mediante la transferencia del Fondo de Estabilización Judicial, luego de que el organismo enfrentara un déficit que comprometía su operatividad.
Esa asistencia extraordinaria volvió a exponer la tensión entre la autarquía judicial establecida por ley y la dependencia efectiva del presupuesto provincial.

El detalle del gasto y la estructura judicial

De los casi $389 mil millones, $358.886 millones se destinarán a personal, lo que representa más del 90% del total.
El Poder Judicial cuenta actualmente con 2.548 cargos, 30 más que el año anterior, de los cuales 2.495 son permanentes y 53 temporarios.
El resto de los recursos se orientará al mantenimiento edilicio, actualización tecnológica y programas de modernización judicial, que buscan mejorar los tiempos procesales y la atención al ciudadano.

Pese al esfuerzo por optimizar el uso de recursos, el presupuesto 2026 mantiene una estructura rígida, donde los salarios continúan absorbiendo casi todo el gasto operativo.

Autarquía en debate y futuro financiero

Aunque la Ley de Autarquía Judicial establece que el Poder Judicial debe percibir el 18% de la coparticipación federal, su financiamiento real sigue dependiendo en gran parte del Tesoro neuquino.
Esa situación genera un dilema permanente: garantizar la independencia judicial sin comprometer el equilibrio fiscal del Ejecutivo.

Con el nuevo presupuesto, el TSJ busca sostener su funcionamiento en un contexto de inflación descendente pero aún incierto, y con un esquema financiero que, según los analistas, seguirá requiriendo respaldo del gobierno provincial.

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