El veto de Javier Milei a la ley que contemplaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono a $110 mil impacta con especial dureza en la provincia de Buenos Aires. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los jubilados bonaerenses dejarán de percibir $2,17 billones en un año, lo que equivale a $181 mil millones por mes.
La magnitud del recorte se explica por la concentración demográfica: en la provincia residen 2,36 millones de jubilados y jubiladas, casi el 40% del total nacional. En comparación, Córdoba perderá $482 mil millones y Santa Fe $448 mil millones en el mismo período.
Un freno al consumo y a las economías locales
Más allá de los números, el ajuste golpea de lleno al consumo cotidiano. En muchas localidades bonaerenses, los jubilados destinan gran parte de sus ingresos a alimentos y medicamentos, sosteniendo a su vez a almacenes, farmacias y comercios de cercanía. La pérdida de $181 mil millones mensuales en capacidad de compra implica un freno drástico para la economía provincial, especialmente en los distritos del interior.
El veto presidencial no solo dejó sin efecto la recomposición por inflación pendiente desde enero de 2024, sino que también congeló el bono, que debía actualizarse para no perder valor frente a los precios. Con una canasta básica de la tercera edad que ya supera los $600 mil, miles de jubilados bonaerenses seguirán con ingresos muy por debajo de lo necesario.
Un ajuste con impacto político
El CEPA advierte que la medida supone una transferencia regresiva de ingresos: se le quita poder de compra a uno de los sectores más vulnerables y se contrae el mercado interno. El impacto en la provincia de Buenos Aires no es un detalle menor: cualquier movimiento sobre el sistema previsional repercute de forma desproporcionada en el distrito que define buena parte del mapa electoral argentino.
En números concretos, el veto presidencial implica que casi la mitad del ajuste previsional recaiga en los jubilados bonaerenses. Lo que el Gobierno presenta como orden fiscal, en el territorio más poblado del país se traduce en menos consumo, menos actividad y más dificultades para atravesar la vida cotidiana.
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