La mañana de este martes volvió a estar marcada por el reclamo de los socios damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas. El grupo se concentró en el monumento a San Martín de Neuquén capital y luego marchó hacia Casa de Gobierno para insistir con una respuesta concreta a un conflicto que ya lleva más de una década. La demanda es clara: intervención inmediata de la cooperativa y soluciones habitacionales para las familias que hace más de 15 años esperan por un terreno o una vivienda.
En Casa de Gobierno fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, a quien le solicitaron que el Ejecutivo provincial tome cartas en el asunto. El pedido de los damnificados se enfoca en desplazar a la actual conducción, encabezada por Jorge Salas, y designar un interventor que pueda ordenar las cuentas y garantizar una salida para los cientos de socios que llevan años sin respuestas.
El reclamo de la Cooperativa 127 Hectáreas no es nuevo. Según contó Lorena, una de las voceras del grupo, muchas familias llevan entre 13 y 15 años pagando cuotas sin haber recibido ningún beneficio. “Son muchos años perdidos, muchas ilusiones y ya estamos cansados. Mientras tanto, se nos cerraron otras puertas: no pudimos pedir lotes ni acceder a beneficios porque estábamos comprometidos con la cooperativa”, relató.
La situación económica profundiza la urgencia. “Los alquileres ya no se aguantan, no hay más posibilidad de espera. No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que reconozcan el esfuerzo de tantos años de aportes”, agregó la mujer, en declaraciones a medios locales.
El malestar de los socios también se incrementó tras la decisión de la Inspección de Personas Jurídicas de rechazar el pedido de intervención, a pesar de que la Legislatura neuquina había aprobado la iniciativa a principios de este mes. Esa negativa fue interpretada por los damnificados como “un nuevo golpe” a sus esperanzas.
Dos posturas dentro de la misma cooperativa
El conflicto divide a los propios socios de la entidad. Un sector reclama la intervención, respaldado por denuncias penales y civiles contra el actual consejo de administración. Según ellos, sólo un interventor podría transparentar la gestión y garantizar la devolución de bienes o la concreción de viviendas.
Del otro lado, un grupo de socios pide que la cooperativa continúe funcionando bajo la actual conducción. Mirna Vidal, una de las referentes de esta postura, aseguró que “no hubo ningún tipo de estafa” y defendió la gestión de Salas. “Desde 2007 la cooperativa viene entregando soluciones habitacionales, y creemos que lo mejor es que se retome la actividad cuanto antes”, señaló en una entrevista. La mujer también cuestionó a quienes impulsan la intervención: “Son un grupo minoritario, y no tenemos certeza de que todos sean realmente socios”.
Expectativa por una definición
Más allá de las diferencias internas, lo que atraviesa a todos es la necesidad de acceder a una vivienda. El encuentro con el subsecretario de Gobierno es visto por los damnificados como una oportunidad para que el conflicto tenga una salida institucional.
Mientras tanto, la incertidumbre se prolonga. El paso del tiempo juega en contra de las familias que ven cómo su sacrificio de años no se traduce en un techo propio. La frase que se repitió en la marcha sintetiza el estado de ánimo de los manifestantes: “Ya no da para más”.
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